La escalada del conflicto armado en la región del Catatumbo ha desencadenado una grave situación humanitaria en el municipio de El Tarra, al norte del departamento de Norte de Santander.
Le puede interesar: Soldado muere y dos militares más resultan heridos tras ataque con drones en zona rural de Teorama
Los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han incrementado drásticamente los niveles de riesgo para los habitantes de la zona, dejando a las comunidades civiles atrapadas en medio de las confrontaciones.
Desde el pasado fin de semana, tras culminar el proceso electoral, la zona norte de este municipio ha sufrido de manera directa el impacto de bombardeos y ataques armados. Ante la inminente amenaza de convertirse en nuevas víctimas de la guerra, decenas de familias campesinas e indígenas se han visto obligadas a abandonar sus territorios de manera forzada.
Defensoría confirma el desplazamiento forzado de 293 familias en la zona rural de El Tarra
La gravedad de la situación fue verificada por la Defensoría del Pueblo, organismo que confirmó el éxodo masivo de al menos 293 núcleos familiares, lo que equivale a un total de 784 personas en condición de desplazamiento.
Vea aquí: Petro acusa a Trump de traicionar acuerdo de no intervención tras respaldar a De la Espriella
Los afectados, de acuerdo con la entidad, provienen de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, todas pertenecientes al área rural del municipio.
A raíz de este panorama, la institución manifestó públicamente su alarma ante la vulneración de los derechos humanos en el departamento. “Expresamos nuestra profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil”, manifestó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.
Los ataques con drones con explosivos y los secuestros agravan el temor de la comunidad
El recrudecimiento de la violencia en el territorio ha sembrado un ambiente de temor generalizado y zozobra. Defensores de derechos humanos y líderes comunitarios denunciaron que un actor armado en disputa en la región asesinó a dos personas y secuestró a varios ciudadanos, quienes fueron llevados con rumbo desconocido.
Lea también: Hallan 11 menores muertos entre 48 cuerpos tras combates de las Farc en Guaviare
A esto se suma una nueva modalidad de ataque que viene golpeando con fuerza a la población civil: el uso de drones equipados con artefactos explosivos por parte de los grupos armados ilegales.
Recientemente, la activación de uno de estos dispositivos en el área rural de El Tarra cobró la vida de un adulto mayor y causó heridas a varias personas más, un hecho que fue rechazado de forma tajante por los organismos de control. No obstante, las autoridades advierten que las dificultades de acceso geográfico y las limitaciones en las comunicaciones en el territorio aún restringen la verificación completa de la magnitud de la crisis.
Le sugerimos: “Nunca promoví a candidato alguno”, Carrillo tras suspensión de la Procuraduría por presunta participación política
De acuerdo con los registros de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), la crisis se extiende a lo largo de la región del Catatumbo, incluyendo localidades como Filogringo y los municipios de El Tarra y Tibú.
En este periodo, las ONG contabilizan más de 70 ataques dirigidos contra la comunidad, acciones violentas que han dejado un saldo de más de 20 víctimas mortales entre la fuerza pública y la población civil.
En otras noticias: Retiran del Ejército a diez tenientes coroneles llamados a calificar servicios
Ante la urgencia que enfrentan las víctimas, la Defensoría del Pueblo extendió una exigencia a los grupos armados ilegales para que respeten a la población civil y mantengan a las comunidades campesinas al margen de las hostilidades. Paralelamente, instó al Estado a desplegar los mecanismos de asistencia social correspondientes.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas, así como para fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio. Además, instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de garantizar de manera sostenida e ininterrumpida la atención a las familias desplazadas”, puntualizó.
También aquí: Fiscalía imputará cargos a exsecretario de Cancillería por su presunta participación en el escándalo de los pasaportes
A esta solicitud de asistencia se han sumado activamente administraciones locales y organizaciones sociales del Catatumbo, las cuales formularon una petición inmediata de cese de hostilidades y un respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El objetivo primordial de los liderazgos comunitarios es frenar de manera definitiva la implementación de nuevas tecnologías de guerra que hoy representan una amenaza directa para la vida y la integridad de las familias rurales.
