El Gobierno nacional radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica para que se revoque la suspensión del decreto de traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones.
La decisión del Consejo de Estado se dio luego de haber recibido la demanda de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que sostenían que el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo contradice lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024.
Según la demanda, el artículo 76 de dicha ley establece que los ahorros de los trabajadores que utilicen la “ventana de oportunidad de traslado” deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.
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Los demandantes explican que, de acuerdo con la reforma pensional, estos recursos tienen una vocación de ahorro a largo plazo y su destino final debe ser el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.
En su momento, tanto el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, como el de la junta directiva del gremio, Santiago García, calificaron el decreto como una “orden forzada” que se tomó sin tener en cuenta las implicaciones en los portafolios de inversión de los afiliados.
Ahora, la administración Petro por medio del recurso de súplica, indicó que el decreto no crearía nuevas reglas, sino que desarrolla la ley para garantizar la sostenibilidad del sistema.
“La suspensión provisional habilita la materialización de un efecto jurídico y financiero nocivo, consistente en el descalce entre obligaciones y activos, con impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema y el equilibrio actuarial del régimen público”, argumentó el Gobierno.
¿Qué dice el Consejo de Estado?
El alto tribunal determinó que el Gobierno pudo haber desbordado sus competencias al “reescribir” la ley a través de un reglamento, anticipando un traslado de recursos que, según la Ley 2381 de 2024, solo debería ocurrir al momento de la jubilación efectiva del trabajador.
Entretanto, el magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, advirtió que la ejecución del decreto en plazos tan breves podría generar consecuencias financieras que no serían del todo reversibles, comprometiendo la eficacia de una futura sentencia.
Así las cosas, con esta decisión del Consejo de Estado, los recursos de los trabajadores que se trasladaron de régimen pero aún no se han pensionado deberán permanecer bajo la administración de las AFP hasta que se dicte una sentencia de fondo.
El Consejo de Estado aclaró que esta medida no implica un prejuzgamiento sobre la legalidad total del decreto, pero sí busca evitar un “traslado patrimonial masivo y anticipado” mientras avanza el proceso judicial. La decisión ya ha sido notificada a los ministerios de Trabajo y Hacienda para su cumplimiento inmediato.
