Las condiciones para ejercer el periodismo en Colombia no han mejorado de a mucho, es el parte de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) que ha documentado y analizado distintos hechos que minan el oficio “pilar esencial” en el marco de las elecciones presidenciales.
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En su informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, publicado en diciembre de 2025, la CIDH recogió estas preocupaciones, entre ellas los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, el uso de medios públicos para amplificar mensajes oficiales y los riesgos asociados a la asignación de los presupuestos públicos con criterios políticos, para la amplificación de la narrativa oficial.
En esa misma línea se ha pronunciado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que ha reiterado en sus más recientes pronunciamientos la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el ejercicio libre, seguro e independiente del periodismo en el país.
Estas alertas fueron reiteradas en el recientemente publicado Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH este 23 de abril, en el que se señala que Colombia continúa siendo un país de alto riesgo para el periodismo, debido a asesinatos, amenazas, agresiones y atentados contra periodistas y medios de información.
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El organismo internacional advirtió nuevamente que estos hechos ocurren en un contexto de “estigmatización persistente” y baja tolerancia frente a la crítica, y llamó la atención sobre los señalamientos provenientes del Ejecutivo, empezando por el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios, contra periodistas y medios que informan sobre asuntos de interés público, cuestionando y denunciando.
De acuerdo con este organismo, “los discursos oficiales que descalifican a la prensa contribuyen a la polarización, debilitan el debate público y aumentan los riesgos para medios y periodistas”.
Así pues, la CIDH instó al Estado colombiano a abstenerse de emitir mensajes que desacrediten a la prensa, adoptar medidas efectivas para garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico, asegurar que los medios públicos no sean utilizados como herramientas de propaganda y “garantizar que la asignación de los recursos y la pauta oficial se realice con criterios claros, objetivos y transparentes”.
En ese sentido, la SIP reiteró estos llamados en distintos escenarios. En su Asamblea General de octubre de 2025 y en su reunión de medio año, celebrada los días 23 y 24 de abril de 2026, también exhortó al Gobierno colombiano a cesar la estigmatización contra periodistas y medios, garantizar la independencia editorial de los medios públicos y evitar su uso como plataformas de propaganda oficial.
A su turno, AMI destacó la importancia de estos pronunciamientos subrayando que la libertad de prensa es un “pilar esencial” de la democracia, indispensable para garantizar el acceso a la información, el debate público plural y el control ciudadano sobre el poder.
“En un momento clave para el país, como el electoral actual, estos llamados internacionales adquieren especial relevancia como exigencia para el fortalecimiento de las garantías democráticas y el respeto por el ejercicio periodístico en Colombia”, sostuvieron.
