El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, manifestó que la eventual extradición de Zulma Guzmán continúa sin una definición clara y no se resolverá en el corto plazo. En entrevista con Blu Radio, el funcionario explicó que será necesario esperar varios meses antes de tener avances concretos dentro del proceso internacional.
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“Lo vamos a saber más o menos en noviembre con una audiencia donde el poder judicial empezará a mirar el tema de si extradita o no”, señaló el jefe de la cartera, manifestando que la decisión final estará en manos de la justicia. En esa misma línea, insistió en que “por lo menos hasta noviembre no sabremos nada”, lo que mantiene la incertidumbre sobre el caso.
El ministro también recalcó que incluso tras esa audiencia no existe certeza sobre el resultado. “Tampoco hay garantías de que vaya a ser extraditada”, afirmó, al indicar que este tipo de procesos dependen de diversos factores jurídicos y de la cooperación entre países.
Uno de los aspectos determinantes es la revisión de las condiciones de reclusión en Colombia, particularmente en la cárcel El Buen Pastor. Cuervo explicó que aún no se ha logrado establecer el contacto necesario para que autoridades extranjeras verifiquen si el centro penitenciario cumple con los estándares requeridos.
“El sistema judicial británico quiere asegurarse que, en caso de que sea extraditada, será recibida en un centro penitenciario que cumpla con todos los requisitos”, precisó el ministro. Esta evaluación responde a exigencias derivadas de la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que añade mayor complejidad al trámite.
Además, indicó que la visita de una experta independiente, programada inicialmente para el 30 de marzo, se aplazó debido a dificultades de comunicación. “Toca esperar que se reprograme la visita”, comentó, sin que por ahora haya una nueva fecha definida, lo que retrasa decisiones de fondo sobre la situación de Guzmán.
Caso parranda vallenata en cárcel de Itagüí
Cuervo también abordó la controversia por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. Aunque en un inicio se mencionó la participación de 23 personas, aclaró que el número real es menor: “en realidad son 16, 7 están en libertad”, explicó, indicando que no todos los señalados hicieron parte directa de la celebración.
Sobre las acciones a tomar, el ministro señaló que la instrucción del Gobierno es trasladar a los internos que sí participaron en la fiesta, aunque reconoció que el proceso ha sido complejo. El Inpec, según dijo, continúa recolectando información para definir quiénes serán objeto de la medida, en medio de limitaciones operativas.
Finalmente, advirtió que existe un dilema en la toma de decisiones. “Trasladar a unos y no otros puede afectar la retoma de las negociaciones hoy suspendidas”, afirmó, al describir una “encrucijada” entre la necesidad de imponer orden en los centros carcelarios y el posible impacto de estas decisiones en procesos de diálogo que se encuentran en pausa.




















