La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reveló a Caracol Radio, en el proceso de verificación de varias licitaciones en curso, se hallaron esquemas empresariales que, según explicó, tendrían vínculos con el condenado por corrupción Emilio Tapia.
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Asimismo, según lo señalado por la funcionaria, estas estructuras estarían intentando ingresar a por lo menos cuatro procesos de contratación estatal, valiéndose de mecanismos contemplados en la ley, como la participación mediante consorcios, lo que les permite intervenir sin aparecer de forma directa en las convocatorias. “Se están presentando a cuatro licitaciones, pero en otras entidades del Estado se pueden estar presentando a otras”, expresó.
La alerta se originó durante la revisión de un proceso para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor, en el que intervenía un consorcio identificado como ‘Caminos Estratégicos’. Según explicó la ministra, la verificación se activó en medio del análisis técnico y jurídico del Invías.
En ese contexto, se encontró que una de las compañías integrantes del consorcio tenía un papel clave al acreditar la experiencia exigida para la licitación, a pesar de sus antecedentes legales.
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“Se detectó gracias al director del Invías y su equipo jurídico”, se identificó la irregularidad durante el proceso de revisión.
La ministra precisó además la situación jurídica de la empresa involucrada. “Es una empresa sancionada por Centros Poblados, cuyo contrato fue declarado en caducidad, que tiene inhabilidades y que está en liquidación judicial”.
Participación mediante consorcios
Rojas explicó que, aunque dicha firma no puede presentarse de manera individual en procesos públicos, la normatividad actual sí permite su participación a través de figuras asociativas como los consorcios. “Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente sino consorciada, la ley lo deja”.
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Sin embargo, durante la revisión del proceso se estableció un problema adicional: la empresa no contaba con la autorización del liquidador, requisito indispensable al encontrarse en proceso de liquidación judicial.
“El liquidador dice: esta empresa no puede participar en nada si no tiene autorización y a mí no me habían contado, o sea estaba presentando unos documentos contrarios a la ley y sin la autorización de quien hoy tiene esa representación”.
Tras estas verificaciones, la audiencia del proceso fue suspendida y se confirmó la existencia de la irregularidad.
La ministra también advirtió sobre prácticas recurrentes en la contratación pública. “Hay empresas que se meten a las licitaciones y luego no ejecutan las obras, sino que terminan cediendo o vendiendo los contratos”
Llamado de alerta a otras entidades
Finalmente, Rojas informó que se emitió una advertencia a distintas entidades del Estado para que revisen sus propios procesos contractuales ante posibles situaciones similares. “Quiero enviar una alerta a todos para que revisen esta situación”.
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Asimismo, advirtió sobre las limitaciones de la legislación actual para impedir este tipo de maniobras. “La ley hoy no tiene herramientas para que una empresa con este récord automáticamente no pueda ni siquiera consorciarse”.
La ministra cerró insistiendo en la necesidad de reforzar la vigilancia sobre la contratación pública. “Tenemos que estar aún más alertas que hace trece años, es increíble”, concluyó.
