El Gobierno Nacional informó que, mediante el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió un nuevo decreto que tiene que ver con cambios que tendrán varios de los alimentos básicos en Colombia.
Leer también: Nuevo etiquetado de alimentos pondría en riesgo a más de 51.000 empresas, según la Andi
Se trata del Decreto 380 de 2026, mediante el cual se establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales con el fin de fortificar alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz.
De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Salud, es una medida que busca prevenir y reducir deficiencias nutricionales que afectan a millones de colombianos, fortaleciendo la salud pública y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.
Por esto, alimentos de consumo diario como el pan, que es elaborado con harina de trigo, las arepas, que se hacen con harina de maíz, y el arroz, tendrán vitaminas y minerales añadidos durante su proceso de producción, en cantidades seguras y controladas.
Para el Gobierno, esto significa que los consumidores, sin cambiar sus hábitos alimenticios, recibirán nutrientes esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar.
En el decreto se subraya que para esta nueva medida se utilizarán compuestos de alta absorción por el organismo; no se alterará el sabor, olor ni apariencia de los mismos; y se articulará con otros programas para evitar consumos excesivos.
Importante: “Necesitamos tomar decisiones basadas en la ciencia”: Irene Vélez sobre la transición energética
“El Análisis de Impacto Normativo AIN evidencia que la medida tiene un alto potencial de beneficio para la salud pública, ya que podría aportar hasta el 68 % del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes. Estos efectos podrían traducirse en una reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, así como en mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral, al tiempo que contribuirían a aliviar la presión sobre el sistema de salud. Desde el punto de vista económico, la implementación implicaría costos mínimos, entre el 0,3 % y el 2,5 % del costo de producción, frente a beneficios en salud y desarrollo que superarían ampliamente la inversión”, se lee en el escrito del Ministerio de Salud.



















