La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió este miércoles al Ministerio de Vivienda "realizar ajustes" frente al proyecto de decreto que modifica los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y su esquema de comercialización.
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Lo que se propone a través del borrador de decreto es un tope general del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así como la idea de fijar su precio en pesos colombianos.
El Ministerio Público advirtió sobre la necesidad de fortalecer cuatro aspectos clave: la seguridad jurídica de la medida, su sustento económico con enfoque territorial, la definición de reglas claras de transición para proyectos en curso y la evaluación integral de su impacto social.
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“Si bien la iniciativa busca mejorar la transparencia en los precios y proteger a los compradores frente a incrementos no previstos, también podrían generarse efectos en la oferta de vivienda, la viabilidad de proyectos en determinados territorios y el acceso efectivo de los hogares”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
Aclaró la PGN que su actuación se adelanta sin coadministrar ni sustituir competencias, sino con el propósito de anticipar riesgos y contribuir a que las decisiones públicas se adopten con criterios de legalidad, sostenibilidad y enfoque social.
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Cabe recordar que el proyecto de decreto fue publicado luego de que el Gobierno nacional definiera el aumento del salario mínimo para el 2026.
Dicho incremento, del 23,7 %, iba a suponer una subida en los precios de las viviendas de interés social y prioritario, que se definen en salarios mínimos.
Por ello, la propuesta del Ministerio de Vivienda establece que las VIS y VIP ya no se venderán en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), sino en pesos colombianos, y que el valor quedará congelado desde el momento en que el comprador separe el inmueble o firme la promesa de compraventa.
El proyecto también busca frenar los aumentos abruptos que sufrieron algunos proyectos de viviendas inmediatamente subió el salario mínimo. Miles de familias ahora deben aportar 49 millones de pesos adicionales para no perder el cupo.
