Con un fallo fechado el 9 de abril y conocido este lunes 13, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló las 26 órdenes de captura giradas contra exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el marco del caso Odebrecht.
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Entre los beneficiados están la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, y el embajador colombiano ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ consideró que: tanto la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal como el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), actuaron por fuera de sus atribuciones.
En los considerandos del fallo, el tribunal señaló que “es evidente la vulneración de los derechos denunciados por los interponentes del amparo; pues se extralimitó en el ejercicio de sus facultades legales al emitir ilegalmente órdenes de captura sin tener competencia legal para ello”. Según la CSJ, cualquier solicitud de detención debió haberse presentado ante el juzgado contralor del proceso, y no ante una sala de apelaciones.
Lo que hace aún más llamativo el caso es el contexto en que surgieron esas órdenes. En mayo de 2025, la Sala Tercera fue convocada exclusivamente para resolver si una jueza de primera instancia debía continuar al frente del proceso, pero de manera sorpresiva aprovechó esa instancia para emitir órdenes de captura contra personas que no estaban sujetas a ellas y declaró “rebeldes” a quienes ya tenían una orden vigente, bloqueándoles así el acceso a su defensa.
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Iván Velásquez dirigió la CICIG entre 2013 y 2019, período durante el cual la comisión —creada en 2007 como un mecanismo de cooperación entre la ONU y el Estado guatemalteco— desmanteló más de un centenar de redes de corrupción enquistadas en instituciones públicas, incluyendo altos funcionarios del gobierno, militares y empresarios.
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Luz Adriana Camargo, hoy al frente de la Fiscalía General de Colombia, integró el área de Investigación y Litigio de esa misma comisión durante su funcionamiento.
Ambos aparecen en el caso Odebrecht, que indaga el pago de sobornos de la constructora brasileña a funcionarios guatemaltecos a cambio de contratos de infraestructura.
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También se benefician del fallo Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quienes lideraron las investigaciones anticorrupción que ahora se convirtieron en el argumento para perseguirlos.
Aunque Aldana y Sandoval mantienen vigentes otras órdenes giradas por distintos tribunales, el fallo les retira la calidad de “rebeldes”, lo que les restituye el acceso a mecanismos de defensa legal.
