El magistrado Carlos Camargo, de la Corte Constitucional, indicó que el Gobierno de Gustavo Petro “vulneró los principios democráticos y de separación de poderes” con la expedición del decreto 1390 de 2025, que sustentaba la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, por lo que este jueves la Sala Plena del alto tribunal determinó que dicha normativa es inexequible.
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En rueda de prensa, Camargo destacó que en su decisión “la Sala Plena reiteró que el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de la Constitución, constituye una garantía esencial del Estado social de derecho y de la democracia”.
“Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y de las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad”, sostuvo el magistrado.
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Agregó que cada órgano del Estado ejerce el poder público a través de las competencias específicas dentro de un marco de especialización funcional que debe ser respetado.
“Asimismo, la Corte destacó que la cláusula general de competencias del legislador en materia tributaria y presupuestal constituye una expresión clara del principio democrático, razón por la cual las decisiones adoptadas por el Congreso de la República en estos ámbitos gozan de plena legitimidad constitucional”, puntualizó.
El magistrado detalló que el alto tribunal encontró que “siete de los ocho hechos invocados no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e impredecible que exige la Constitución para habilitar el ejercicio de facultades excepcionales”.
“A juicio de la Corte, la mayoría de las circunstancias alegadas (en el decreto de emergencia económica) corresponden a situaciones estructurales, situaciones existentes y predecibles que deben ser atendidas a través de los mecanismo ordinarios de política pública fiscal y presupuestal”, añadió
En ese sentido, concluyó que el decreto 1390 de 2025 “vulneró los principios democráticos y de separación de poderes, en la medida en que el Gobierno nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción”.
