La suspensión de las órdenes de captura contra distintas cabecillas de estructuras armadas ilegales ha sido una de las polémicas más álgidas del Gobierno nacional. Precisamente el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, es el caso por el que el presidente Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán.
Esto porque en noviembre del año pasado se destapó un escándalo por la posible infiltración de las disidencia de las Farc de ‘Calarcá’ en el Ejecutivo, a través de Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y en las Fuerzas Militares.
De acuerdo a un informe presentado por Noticias Caracol en su momento, Juan Miguel Huertas, general del Ejército, y Wilmer Mejía, ex alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparecen en chats, correos, fotos, cartas y memorias digitales que muestran lo que sería una relación con varios jefes de disidencia.
Ante esto, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo,señaló en su momento que existía una alta probabilidad de reactivar la orden de captura contra este jefe de las disidencias, quien está en mesa de negociaciones con el Gobierno nacional.
Sin embargo, en medio de una mesa de trabajo con delegados del Gobierno y de la Alta Consejería para la Paz, en la que se evaluó la posibilidad de suspender las órdenes de captura en contra del disidente, no se llegó a un acuerdo, por lo que este beneficio sigue vigente y, de momento, no se reactivará ninguna medida judicial.
Se espera que en 15 días, las autoridades competentes se reúnan nuevamente para evaluar si se levanta o no la orden de captura contra el jefe de las disidencias, debido a que se han evidenciando hechos en los que no hay voluntad de paz por parte de ‘Calarcá’, como la comisión de delitos graves.
