Tanto Juliana Guerrero como Luis Carlos Gutiérrez Martínez, ex secretario general de la Fundación Universitaria San José, estarían involucrados en la expedición y utilización de títulos falsos. Así lo determinó este jueves 26 de marzo la Fiscalía General de Nación tras imputar cargos contra la ex funcionaria del gobierno Petro, quien en dos oportunidades intentó ser viceministra de Juventudes.
En la diligencia, que se adelantó ante el despacho del juez 38 penal de control de garantías de Bogotá, el ente acusador le imputó a Juliana Guerrero el delito de fraude procesal, mientras que a Gutiérrez Martínez el de falsedad ideológica en documento público, los cuales no fueron aceptados por los procesados.
De acuerdo con la Fiscalía, el entonces directivo del centro de educación superior es señalado de certificar que la entonces funcionaria reunió los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad no cumplió con el plan de estudios ni con otras obligaciones.
El ente acusador indicó que Juliana Guerrero, para sustentar esta actuación “habría consignado información falsa, como presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases, entre otros asuntos de índole académica. Validadores técnicos de la universidad rechazaron la solicitud de grado de Guerrero Jiménez; sin embargo, Gutiérrez Martínez de manera manual acreditó que todo estaba al día”.
En ese sentido, indicó que Guerrero tenía “pleno conocimiento de la falsedad”, ya que el de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a su nombre “y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”.
“En ese sentido, se le atribuye consignar información falsa en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública e inducir en error a los servidores encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo”, añadió la Fiscalía.
La Fiscalía concluyó que Guerrero “era una persona con plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento (...) y decidió contrariar el ordenamiento jurídico”.
