La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 006 de 2026 para los municipios de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) y Río de Oro y González (Cesar) por la intensificación de la confrontación entre grupos armados ilegales que comenzó en enero del 2025 en la subregión Catatumbo.
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El organismo advierte que la escalada de violencia en el Catatumbo provocó una grave crisis humanitaria con múltiples vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Explicó que la Alerta Temprana de Inminencia se fundamenta en tres dinámicas de disputa: la primera tiene que ver con posibles reconfiguraciones y alianzas para hacer incursiones territoriales debido al recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33 (articuladas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF).
“Las alianzas serían entre el Frente 33 y la estructura criminal ‘Pelusos’”, detalla la Defensoría.
Una segunda dinámica obedece a la expansión de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el riesgo de confrontación con el ELN.
Según la alerta temprana, esta expansión sería hacia el sur del Cesar. “Su avance hacia Ocaña y Río de Oro, buscando controlar corredores estratégicos, como la Ruta del Sol, y rentas de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal”, dice.
La tercera dinámica está relacionada con la posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, específicamente en el corregimiento Agua de La Virgen.
Poblaciones en riesgo en Cesar
La alerta temprana indica que las comunidades en riesgo son las de los corregimientos Cerro de las Flores, Quebrada La Esperanza, La Floresta, Aguas Claras, Agua de La Virgen, Buena Vista, Mariquita, Otaré y La Ermita, del municipio de Ocaña; en su casco urbano, para las comunas 1, 5 y 6.
Para Ábrego, el riesgo es para la cabecera urbana y sus corregimientos La Unión Campesina, Capitán Largo, Playoncitos y La Paz.
En Río de Oro, para su casco municipal y los corregimientos El Salobre, El Gitano, Sanín Villa, Los Ángeles, Montecitos, Centro Poblado El Marqués, Once Reces, Cruce de Patiño y Diego Hernández. Y en el municipio de González, el riesgo es para su cabecera urbana.
Consecuencias humanitarias
La Defensoría alertó que los grupos armados ilegales están “ejerciendo una fuerte gobernanza armada” sobre la población civil mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de ‘normas de conducta’.
Además, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), documentó una preocupante estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, a quienes las han señalado en redes sociales como colaboradoras de bandos contrarios.
Adicionalmente, ha documentado graves infracciones al DIH que incluyen el uso de métodos de guerra prohibidos, como drones acondicionados con artefactos explosivos en los sectores Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza (Ocaña), causando daños a bienes civiles y terror en la comunidad.
También ha registrado el uso de vehículos con explosivos, como el atentado contra el Batallón de Infantería 15 en Ocaña, y la instalación de artefactos explosivos en vías nacionales que comunican a Ocaña con Ábrego y Cúcuta.
Ante este riesgo, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 006 de 2026 un total de 14 recomendaciones urgentes a las autoridades locales y nacionales para impulsar una respuesta rápida en disuasión de la amenaza, protección de poblaciones vulnerables, investigación judicial de homicidios y secuestros y atención humanitaria integral para desplazadas y desplazados.
