En un pronunciamiento conjunto de los colegios médicos de Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca y Bogotá, se alerta sobre una posible vulneración masiva del derecho fundamental a la salud por los efectos del Decreto 0182 de 2026, con el que reorganiza la operación de 20 EPS en los 1.102 municipios de Colombia.
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La medida, aplicada por el Ministerio de Salud, define en qué territorios podrán continuar funcionando las aseguradoras y en cuáles no, lo que activa el traslado depacientes en varios departamentos del país.
De acuerdo con los lineamientos del Gobierno, la Nueva EPS -que se encuentra intervenida- entraría a operar en 427 municipios, convirtiéndose en la principal receptora de afiliados en medio de la reorganización. Esto también deja a los ciudadanos despojados de la posibilidad de escoger su EPS de preferencia.
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“Si bien compartimos que la reorganización territorial de aseguradores con un mínimo de afiliados por territorio es un planteamiento que puede mejorar la eficiencia, oportunidad y acceso de los pacientes y usuarios a los servicios de salud al concentrar la población, alertamos sobre que esta reorganización en medio de la actual crisis del sistema de salud, puede agravar el acceso, continuidad e integralidad en la atención de miles de pacientes en el territorio nacional”, señalan los colegios médicos en un comunicado.
Agregan que la mayor EPS del país en número de afiliados, Nueva EPS, sería la mayor receptora de usuarios (entre 2,6 a 3 millones) en cerca de 520 municipios, quedando con cerca de 14 millones de usuarios.
“Nueva EPS, bajo el manejo del Gobierno nacional desde abril de 2024, viene en un proceso de deterioro dramático en sus indicadores de calidad y financieros, afirmación que cuenta con suficiente evidencia según cifras reportadas de PQRS y Acciones de tutela reveladas y publicadas por distintas instancias del orden nacional”, advierten.
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Recuerdan que han habido múltiples cierres de servicios para atención de usuarios de esa EPS por parte de clínicas y hospitales por deuda acumulada, “situación que también ocurre con operadores y casas farmacéuticas por lo que actualmente miles de pacientes no reciben los medicamentos y atenciones que requieren”.
“La situación anterior impide que hoy esa EPS cumpla con sus obligaciones de garantizar el acceso, oportunidad, integralidad y continuidad a sus afiliados a los 11,3 millones de afiliados que hoy tiene, por lo que asignarle más población pone en riesgo la salud y la vida de miles de personas con enfermedades crónicas, huérfanas, cáncer y de alto costo entre otros”, aseveran los colegios médicos.
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Igualmente señalan que las demás EPS tampoco tienen las condiciones necesarias para la recepción masiva de usuarios y pacientes.
“El entorno de violencia que persiste en algunas zonas del país como en el departamento del Cauca, impacta negativamente el acceso efectivo a los servicios de salud, situación que puede verse agravada por una inadecuada reorganización o traslado masivo de afiliados entre EPS”, añaden.
La semana pasada, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó a través de un comunicado que el decreto no busca afectar a los usuarios ni restringir derechos, sino corregir fallas estructurales del sistema de salud que durante años han puesto en riesgo la atención de millones de colombianos.
“Es falso que el decreto tenga como propósito trasladar masivamente afiliados de manera arbitraria. La norma establece mecanismos técnicos de asignación únicamente cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación en un territorio, con el fin de evitar interrupciones en la atención”, sostuvo el Minsalud.
