Tras el empate en la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de llevar o no a la cárcel a los seis congresistas salpicados en el entramado de corrupción dentro de la Ungrd, ahora dos conjueces deberán definir la suerte jurídica de: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, señalados de participar en el desvío de recursos para atender las emergencias en el país.
En ese sentido, los abogados Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado quedan hoy en el centro de una decisión clave para el país. Estos dos conjueces tendrán que resolver el empate que tiene en vilo a los congresistas.
Sin embargo, si la decisión termina siendo medida de aseguramiento, el escenario para los implicados es paradójico, ya que podrían ser elegidos este domingo 8 de marzo y después ir a la cárcel; entonces vendría otra consecuencia política debido a que las curules quedarían vacías.
Cabe señalar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia completa ya tres sesiones extraordinarias debatiendo si llama a juicio y ordena la captura de los seis congresistas mencionados anteriormente, sin embargo no logró el objetivo.
Pudo establecerse que los magistrados del alto tribunal mantienen posiciones enfrentadas desde el punto de vista jurídico, ya que unos estarían de acuerdo con avanzar hacia el juicio, pero no respaldarían la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que los procesados no representan un riesgo para la sociedad ni el proceso judicial.
En cambio, otros integrantes de la Sala de Instrucción incluso cuestionan la validez del trámite que ha seguido el expediente, al considerar que el proceso podría estar viciado y no debería continuar.
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Es importante precisar que la discusión gira en torno a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien propone acusar formalmente y enviar a prisión a los seis congresistas.
De acuerdo con la ponencia, los implicados deberían responder en juicio por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
