Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y los otros seis integrantes del último secretariado de las antiguas Farc firmaron y radicaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un documento de cinco páginas en el que aceptan su responsabilidad en el reclutamiento de 18.677 niñas y niños, correspondiente al Caso 07.
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Cabe recordar que en noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento llamó a seis antiguos integrantes del secretariado a asumir su máxima responsabilidad por cinco patrones macrocriminales:
- El reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluso menores de 15 años.
- Los malos tratos, torturas y homicidios cometidos contra menores reclutados.
- Las violencias reproductivas que afectaron especialmente a niñas.
- Las violencias sexuales documentadas contra niños y niñas reclutados.
- Las violencias basadas en el prejuicio contra menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
En ese momento, la Sala documentó que estos hechos ocurrieron a gran magnitud y escala, dejando 18.677 víctimas entre 1971 y 2016. Además indicó que, según registros depurados, el Estado solo adelantó 387 investigaciones por estos hechos y produjo 45 sentencias contra miembros de la antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias.
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Ahora, los excabecillas Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra manifestaron en una carta firmada que: “reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen, contenidas en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) del denominado Caso 07. Este reconocimiento de responsabilidades pleno lo afirmamos expresamente y deja sin efecto cualquier afirmación contenida en escritos previos que pudiera interpretarse en un sentido contrario, incluidos los contenidos del escrito de observaciones radicados por nuestra parte el día 7 de julio de 2025 o en fechas posteriores”.
Además de reconocer todos los hechos que se les atribuyen, aceptaron sin ambigüedades los patrones relacionados con el reclutamiento de menores, los malos tratos, torturas y homicidios en su contra, así como las violencias reproductivas.
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“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual. Esta preocupación, se formula con el único propósito de precisar los alcances de las calificaciones jurídicas, sin que ello desconozca la ocurrencia de dichos hechos y conductas”, añadieron en la misiva.
