La Corte Constitucional emitió una decisión que modifica los criterios utilizados por Colpensiones para otorgar la pensión de sobrevivientes, especialmente en casos que involucran a personas en situación de discapacidad.
Venezuela libera a trabajador humanitario colombiano que llevaba diecisiete meses encarcelado
Mujer resultó herida en robo tras retirar $3 millones: delincuentes usaron arma traumática
A través de la sentencia T-295 de 2024, el alto tribunal estableció que la entidad no puede exigir como condición obligatoria la convivencia permanente bajo el mismo techo con el fallecido para reconocer este beneficio económico. La medida busca evitar que ciudadanos vulnerables sean excluidos por requisitos considerados desproporcionados.
El fallo se originó tras una acción de tutela presentada por la madre de un hombre con esquizofrenia, quien dependía económicamente de su padre. Tras su fallecimiento, Colpensiones negó la pensión debido a que no residían en la misma vivienda.
La Corte concluyó que este tipo de exigencia desconoce las realidades sociales, médicas y familiares de muchas personas, especialmente aquellas con limitaciones físicas o mentales que, por diversas razones, no conviven con su proveedor económico.
Banco Agrario pagará 500 mil pesos a hogares colombianos que cumplan esta condición
Según el tribunal, la ausencia de convivencia no puede convertirse en un obstáculo automático para negar un derecho fundamental como la seguridad social.
Es decir, la dependencia económica pasa a ser el factor principal para analizar las solicitudes de pensión de sobrevivientes. Esta condición podrá demostrarse mediante distintos medios, entre ellos: declaraciones de testigos, comprobantes de transferencias bancarias, facturas y recibos, registros de gastos compartidos y documentos que evidencien apoyo económico.
Antes de esta sentencia, Colpensiones podía rechazar solicitudes si no se comprobaba una convivencia continua. Esta práctica afectaba principalmente a personas con enfermedades mentales, adultos mayores dependientes o ciudadanos con discapacidad.
Ahora, la entidad deberá modificar sus procedimientos internos, revisar expedientes anteriores y capacitar a su personal para aplicar los nuevos lineamientos establecidos por la Corte.
Asimismo, los solicitantes que fueron rechazados anteriormente por este motivo podrán volver a presentar sus casos y solicitar una nueva evaluación.
Aunque el fallo se originó en un caso particular, su aplicación es de carácter general. Esto significa que todos los ciudadanos en situaciones similares podrán beneficiarse de esta decisión.
