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Este lunes 19 de enero se realizó una mesa de trabajo entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el ministro del Interior, Armando Benedetti, gobernadores, delegados de los gobiernos departamentales, el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, en el que se discutió sobre la polémica emergencia económica.

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Luego de este encuentro, la Federación Nacional de Departamentos (FND) indicó que no se llegó a un acuerdo con los representantes del gobierno Petro, por lo que los mandatarios solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.

“Mantenemos nuestra firme postura de defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y por tanto defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios.”, indica la FND.

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“Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales - esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones-, cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada.”, añade.

Finalmente, los mandatarios departamentales señalaron que están dispuestos a mantener en diálogo en las oportunidades que sean convocados por el Ministerio de Hacienda.

Pese a la postura de los integrantes de la FND, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que sí se consiguieron acuerdos en algunos puntos.

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“Hay acuerdo en los problemas que hay: si se llegan a afectar los impuestos que los departamentos recaudan, que nosotros no creemos que sea así, la Nación asume lo que haga falta para compensar eso; lo otro es que ellos dicen que pierden autonomía pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos; y el tercer punto es que el Gobierno tiene que actuar más contra el contrabando”.

Agregó el jefe de la cartera política que tras la reunión de decidió instalar unas mesas técnicas que arrancarán su trabajo de inmediato.

“Se acaba la discordia, los gobernadores dijeron la palabra rebelión fue puesta por los medios y les toca aplicar el decreto de la emergencia”, concluyó.

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A su vez, el Ministerio de Hacienda reportó en sus redes sociales sobre el encuentro al que asistieron 16 mandatarios departamentales que hay “disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo. Se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata. Se propone control al contrabando, salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la Nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación, UPC, al régimen subsidiado”.

Por su parte, Asocapitales señaló en su cuenta de X: “Desde @Asocapitales se advirtió que la permanencia de los efectos de una emergencia económica sin control constitucional oportuno pone en riesgo la autonomía fiscal y administrativa de las ciudades capitales, impacta la sostenibilidad de sus finanzas públicas y puede ocasionar consecuencias jurídicas y fiscales de difícil o imposible reversión. Asimismo, se reiteró que este no es un debate de carácter político, sino una discusión constitucional relacionada con el cumplimiento del artículo 215, los límites al ejercicio del poder excepcional y la necesidad de preservar el equilibrio entre las ramas del poder público”.