El Gobierno Nacional reaccionó con dureza frente a un anuncio realizado por al menos 17 gobernadores sobre su negativa a aplicar las medidas tributarias enmarcadas en el decreto de emergencia económca.
En este sentido, Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, señaló que la manera en que las autoridades regionales materialicen su decisión, a través de actos administrativos concretos en cada departamento, será determinante para definir las acciones legales que emprenderá la Nación.
Según el pronunciamiento, cualquier medida que se adopte deberá respetar estrictamente el marco constitucional y las competencias establecidas por la ley.
El Gobierno subrayó que la revisión de la constitucionalidad del decreto en cuestión es una atribución exclusiva de la Corte Constitucional, por lo que consideró improcedente que otras autoridades pretendan anticipar o sustituir ese control.
Asimismo, el comunicado cuestionó la posibilidad de que se intente aplicar la figura de la excepción de inconstitucionalidad para dejar sin efectos la norma. A juicio de Idárraga, ese mecanismo no sería legítimo en este caso y no puede utilizarse para desconocer un decreto cuya validez debe ser definida por el alto tribunal.
Finalmente, el ministro advirtió que cualquier actuación que implique asumir funciones que no le corresponden a las entidades territoriales podría interpretarse como una vulneración de la Constitución Política, lo que abriría la puerta a eventuales acciones judiciales para salvaguardar el orden institucional.
