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La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, anunció este miércoles 14 de enero que demandó el decreto del Gobierno sobre el incremento del salario mínimo para el 2026 ante el Consejo de Estado.

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El gremio en la demanda solicita la nulidad del decreto y la suspensión provisional inmediata. Asegura que la decisión carece de sustento técnico y que podría generar impactos económicos y sociales.

Señala Fenalco que el decreto tiene deficiencias legales graves y se aparta de variables obligatorias que establece la ley para definir el salario mínimo, como la inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional. Asegura el gremio que el concepto de “salario vital”, basado en referentes de la OIT, no es de carácter vinculante.

La federación también señala que tampoco está claro cómo se pasó de variables que justifican un ajuste cercano al 6,2 por ciento a un incremento de casi cuatro veces esa cifra (23,7 %).

Jaime Alberto Cabal, presidente de gremio, alertó sobre la posibilidad de que se pierdan 772.000 emplaos formales y que se cierren un número alto de micro, pequeñas y medianas empresas.

“No es una discusión contra los trabajadores; por el contrario, serán ellos los más afectados por la inflación que generará esta medida”, dijo Cabal.

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Esta de Fenalco no es la única demanda que presenta el decreto del salario mínimo. El exmagistrado Alejandro Linares radicó una acción de tutela y una solicitud contra el aumento.

El recurso pide además una medida provisional para que se detenga esta alza mientras se falla de fondo.

Linares advierte que el Gobierno vulneró el derecho al debido proceso y desconoció el mandato constitucional de concertación al adoptar la decisión sin un acuerdo tripartito entre Ejecutivo, empresarios y trabajadores.