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El exmagistrado Alejandro Linares y el Consejo Gremial radicaron sendas acciones de tutela y solicitudes contra el aumento del salario mínimo de 2026 del 23% dictado por el presidente Gustavo Petro, con lo que esta suma mensual quedaría en $2 millones incluyendo el auxilio de transporte.

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Los recursos piden además una medida provisional para que se detenga esta alza mientras se falla de fondo.

Linares advierte que el Gobierno vulneró el derecho al debido proceso y desconoció el mandato constitucional de concertación al adoptar la decisión sin un acuerdo tripartito entre Ejecutivo, empresarios y trabajadores.

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Por ello, señala la acción constitucional como responsables a la Presidencia de la República y a los ministerios del Trabajo y de Hacienda.

La solicitud de la medida provisional se eleva con base en que el incremento tiene “graves efectos inmediatos” sobre los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.

Para el extogado la Casa de Nariño no evaluó adecuadamente el impacto del alza salarial sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes, ya que estas no podrían sostener sus estructuras de costos sin recurrir a despidos, reducción de jornadas o incluso al cierre de las mismas.

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También el Consejo Gremial pidió a la Corte Constitucional suspender los efectos del aumento del salario mínimo de Petro.

Desde que se conoció la subida, el Consejo manifestó su “profundo rechazo ante la decisión del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo sin sustento técnico, y advierte que decisiones populistas ponen en riesgo la estabilidad laboral y fiscal del país”.

Petro, por su parte, había advertido el pasado lunes en un polémico ‘trino’: “Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia”.

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“Dicen que son inconstitucionales los decretos y no tienen razón científica alguna, dice que generará inflación y la ciencia económica los desmiente. El salario vital y familiar lo ordena la Constitución en su artículo 53. El salario vital se saca del dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia, cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2025 para no ser pobre o morir, la dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del DANE, y da dos millones de pesos mensuales. Ahí estallaron los oligopolios y la oligarquía”, agregó.

Y planteó que “por eso mañana, con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar. Será discutido ese proyecto, no por quienes hundieron la reforma a la salud, sino por el próximo Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, que permitirá el próximo Congreso elegido por el pueblo, que podrá, si el pueblo quiere, hacer de una vez en la Constitución, con el método de legislar los derechos fundamentales ordenados por la Constitución del 91 reformada”.