Una cifra alarmante reveló un boletín de la Defensoría del Pueblo: del 1 de enero y el 30 de noviembre 101.474 personas fueron desplazadas de manera forzada en distintas zonas del país.
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El boletín sobre las dinámicas de movilidad humana forzada también dejó en evidencia que otras 110.375 han tenido que confinarse debido al conflicto armado.
“Durante este periodo, se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, los cuales han vulnerado los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes”, apunta la entidad.
Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Cauca concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento. Por su parte Chocó, Cauca y Huila tienen los índices más críticos de confinamiento en el año. “Estas cifras que han aumentado en lo corrido del año demuestran que la crisis humanitaria persiste en los territorios más vulnerables del país”.
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Ante este desolador panorama, la Defensoría del Pueblo instó a la implementación “urgente” de políticas específicas de prevención y respuesta en los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y confinamiento. Estas medidas deben tener un enfoque territorial y garantizar la presencia efectiva del Estado, recomendaron.
Colombia ha servido como punto de tránsito para migrantes, de acuerdo a cifras de la Defensoría, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de forma irregular. Del total de personas 40,41 % son mujeres, 38,27 % hombres y 21,32 % niños, niñas y adolescentes. La gran mayoría proviene de Venezuela, con 136.950 casos, le sigue Ecuador con 1.053, Perú 333, República Dominicana 300, entre otros
En el mismo periodo se registró flujo de migración inversa: 19.134 migrantes ingresaron al país por la ruta La Miel (Panamá) hacia el corregimiento Capurganá en Acandí (Chocó). De estos, el 55,8 % son hombres, el 25,3 % son mujeres y el 19 % son niños, niñas y adolescentes.
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Venezuela encabeza la lista de países con mayor flujo inverso, con 18.787 casos, precisan.
“Estos fenómenos vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, el acceso al agua y al saneamiento básico, los servicios esenciales, la vivienda digna, el medio ambiente sano, la cultura, el espacio público, entre otros”, cerró la Defensoría.
