El registrador Hernán Penagos, en diálogo con EL HERALDO, explicó que la entidad electoral “es lo que llaman los columnistas el poder neutro, que lo que hace es estar en la mitad de la balanza, garantizando elecciones justas en Colombia y esas competencias la vamos a reclamar y ejercer con toda claridad para que la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad de las próximas elecciones”.
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Sobre Penagos recaen los reflectores diariamente de las noticias en esta antesala de la época electoral y también recibe los comentarios de los partidos, el Gobierno y la ciudadanía.
Por ello advierte que la mejor manera de responderles a todos, de darles tranquilidad y de garantizar esa misión democrática fundamental es reclamando sin cortapisas la observancia de la autonomía y la independencia de la Registraduría.
En las encuestas, la Registraduría marca una buena favorabilidad entre los ciudadanos, ¿a qué lo atribuye?
Lo primero es que estamos muy complacidos de que la Registraduría sea una de las entidades en las que más confían los colombianos: eso es muy positivo de cara a las elecciones del año entrante, tan determinantes como Congreso y Presidencia.
En segundo lugar, debo decir que se trata de un gran equipo, miles de personas que trabajan con vocación, técnicas, a las que solo les interesa cumplirle a la democracia y cumplir todas las exigencias que demanda hacer las elecciones en Colombia.
En tercer lugar, debo señalar que sin duda todos los retos que hemos tenido durante estos dos años, y que han salido muy bien, que han salido íntegros y eficientes.
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¿Cómo van los preparativos de las elecciones?
Estamos asistiendo a circunstancias sin precedentes: por ejemplo, solicitaron registro de inscripción para aspirar a la Presidencia cerca de 90 personas, y nunca en la historia de Colombia tantos comités pretendieron ir a la Presidencia.
Eso implica revisar un número importante de firmas; al final será un número mucho menor, pero en todo caso, la Registraduría tendrá que revisar más de 20 millones de firmas hasta el 21 de enero, cerca de un mes, y eso implica lógicamente un trabajo muy grande que no ha sido menor.
En segundo lugar, siempre estamos, casi que cada tres semanas, haciendo elecciones en algún lugar del país, así que eso también es un desafío grande.
Y en tercer lugar, los preparativos para las elecciones del año entrante: el plan de trabajo se cumple sin dificultades, hemos hablado con observadores internacionales, los más importantes del mundo, Unión Europea, OEA, etcétera; estamos trabajando en los temas operativos, porque vamos a tener biometría facial para evitar los temas de suplantación y de falsa identidad; la publicación de las actas electorales será como nunca, publicaremos 770 mil en Cámara y Senado, 375 mil en Presidencia, y la ciudadanía podrá, el año entrante, a la par de que la Registraduría vaya divulgando los resultados, comparar esos resultados con las actas electorales de cada mesa de votación; y una última muy importante tiene que ver con las auditorías internacionales para todos los softwares de escrutinio y demás que se manejan en el proceso electoral, así como auditoría al proceso propiamente dicho.
Con todos los líos de su unificación y la consulta, desde el Pacto Histórico han dicho que les han puesto trabas desde la organización electoral...
Frente al tema del Pacto en relación con la Registraduría no hemos tenido mayores inconvenientes: ellos pudieron inscribir su consulta, llevarla a cabo sin mayores contratiempos; hace unas semanas el procesamiento se dio sin ninguna dificultad, el número de mesas fue acordado con ellos, los puestos y mesas fueron los definidos con la fuerza pública, y al final hubo una votación importante que da cuenta de que el trabajo que se hizo en la Registraduría se llevó con todo juicio y responsabilidad.
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De otro lado, ellos han tenido algunas discusiones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) derivadas de las fusiones en las que han estado, de algunas decisiones de partidos, de algunas consultas en las que requieren claridades y se trata de un tema del CNE, que es un cuerpo colegiado que tiene sus tiempos, y no es con la Registraduría.
¿Cómo va el tema del presupuesto de la Registraduría para las elecciones?
Hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. Hicimos un proceso contractual hace unos meses donde comprometimos el presupuesto para cumplir dos tareas: las elecciones de Congreso y la primera vuelta presidencial; en ese presupuesto no está incluida la segunda vuelta porque no se tiene claridad con ella hasta tanto no se cumpla la primera.
Lo hemos venido ejecutando sin mayores dificultades. A pesar de estar comprometido, vamos ejecutándolo en función de las actividades que se van dando mes tras mes. Obviamente, una cosa es el compromiso presupuestal y otra el dinero para pagar.
En Colombia, el pago de cada una de las actividades se ejecuta contra el cumplimiento y, mientras hemos tenido necesidad de pedir recursos al Ministerio de Hacienda, no hemos tenido mayores problemas.
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¿Le preocupan las garantías de seguridad en los comicios?
Hay dos temas que nos preocupan mucho: uno, sin duda, el tema de las garantías de seguridad. El Ministerio de Defensa ha señalado que son 104 los municipios en alerta roja. Es decir, donde hay cierto control de los grupos al margen de la ley; para eso se han hecho varias reuniones del Plan Democracia a instancias de la Procuraduría, de tal manera que se tomen las acciones operativas para garantizar que toda la ciudadanía pueda votar en las elecciones y lo pueda hacer libremente.
En estos municipios, obviamente, hay que establecer cordones de seguridad, trasladar equipos militares y de Policía con antelación, pero el ministro de Defensa nos ha dicho que no habrá dificultad: son 13.500 puestos y 125 mil mesas aproximadamente.
Y de otro lado nos preocupa el tema de la desinformación y de las noticias falsas; esas narrativas generan serias dificultades, minan la confianza, instrumentalizan a la gente.
En Colombia, quienes cuentan los votos son los jurados. Son 700 mil los jurados, del sector privado y público; quienes declaran los resultados son las comisiones escrutadoras, 9.600 entre jueces, notarios y funcionarios de la Rama Judicial; los partidos pueden designar testigos electorales, pueden seleccionar uno para cada mesa; si la ciudadanía comprende eso, no va a dudar.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado en varias ocasiones dudas sobre los softwares de la Registraduría para las elecciones y la identificación e incluso eso tendría que ver con el lío de los pasaportes y la Cancillería…
Tenemos para el próximo proceso electoral una serie de acciones que dan cuenta de absolutas garantías electorales.
De un lado, todo el proceso de los softwares como de la impresión de los kits electorales viene siendo acompañado por la Procuraduría y la Contraloría, que están permanentemente haciendo seguimiento, revisando los softwares que se están construyendo, trabajando en los simulacros que se convoquen y el año entrante ya autorizamos que todos los partidos políticos designen auditores de sistemas, de manera que estén durante todo el proceso tecnológico y comprendan cómo hacer el proceso de exposición del código fuente.
Luego ahí están todas las garantías para que sobre la parte informática no se tenga la menor duda.
En segundo lugar, el software de escrutinio cumple una tarea importante, que es la de consolidación, que básicamente lo que hace es recoger los datos de todos los municipios para sumarlos, consolidarlos y dar cuenta de un resultado, pero el software de escrutinio no puede divulgar unos resultados diferentes a los que estén en las actas electorales; por eso decía que era tan importante la publicación de las actas: el software no puede arrojar resultados diferentes, por eso defiendo ese diligenciamiento manual.
Casi toda la institucionalidad lo rodeó con lo del ‘decretazo’ de la consulta popular, ¿qué comentario le merece ahora con la perspectiva actual?
En un estado democrático hay mecanismos para resolver las diferencias y yo siempre lo dije: cuando se presentan circunstancias de diferencias entre ramas del poder público tan importantes como el Legislativo y el Ejecutivo, quien debe salir a dar la última palabra es la Rama Judicial, y en este caso lo que hicimos fue acudir, esperar y decir claramente que ante las dudas sobre la juridicidad de esas decisiones era necesario que la Rama Judicial, de acuerdo con nuestro estado constitucional, tomara la decisión, y al final fue el Consejo de Estado quien tomó la decisión de suspender esa convocatoria porque la evidenció contraria a la Constitución. Así es como funcionan los estados democráticos: hay división de poderes y autonomía de las entidades.
En el caso de la Registraduría, nosotros somos un órgano autónomo e independiente que no tiene superior funcional y esa autonomía e independencia la vamos a defender con toda la determinación, así en ocasiones traten de desacreditar a la entidad, de degradar la tarea que hacemos permanentemente.
La defensa de la autonomía e independencia de esta entidad la vamos a llevar a cabo con todo el carácter, porque es la manera de garantizar elecciones libres y justas, porque la Registraduría es lo que llaman los columnistas el poder neutro, que lo que hace es estar en la mitad de la balanza, garantizando elecciones justas en Colombia, y esas competencias las vamos a reclamar y ejercer con toda claridad para que la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad de las próximas elecciones.
¿Cuál es la tarea principal que usted se dispuso a hacer en la Registraduría?
Lo que yo quisiera que al final de mi periodo como registrador ocurriera es que la ciudadanía comprenda la importancia de la Registraduría para la estabilidad democrática del país y que, al mismo tiempo, la ciudadanía vea en la Registraduría un órgano técnico, riguroso, juicioso, neutro, que lo único que hace es ayudar en dos temas muy importantes para el futuro de un país: por una lado, la democracia, a través de los procesos electorales, y por otro lado, la identificación y el registro de la ciudadanía, nada más y nada menos que como el mecanismo por el que la ciudadanía puede acceder a muchos otros derechos fundamentales, porque quien no tiene un identificación pues no tiene los demás derechos fundamentales; luego se trata de una competencia muy importante para la ciudadanía.
