El Tribunal Superior de Bogotá dictó este jueves 18 de diciembre medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial, adoptada por la magistrada, Aura Alexandra Rosero Baquero, respondió a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que sostiene que ambos exfuncionarios habrían direccionado contratos de obra y servicios con el fin de asegurar apoyos para las reformas del gobierno Petro en el Congreso.
La magistrada consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo institucional impedían que se concediera de detención domiciliaria, a pesar que los implicados hubiesen salido de sus cargos hace meses atrás.
“Se trata del impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”, indicó la magistrada.
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Según Rosero la medida de aseguramiento en centro carcelario es “idónea, necesaria y proporcional para los imputados”, pues busca evitar la reconfiguración de un esquema de corrupción.
“El despacho precisa que esta decisión se adopta con el mayor respeto de los señores exministros, así como las posturas expuestas por la señora fiscal y el ministerio Público. La Fiscalía ha dejado constancia que la red criminal no ha sido desarticulada en su totalidad, existen otros sujetos presuntamente involucrados que aún no han sido judicializados, algunos de ellos permanecen activos aunque no ostenten la condición de cabecillas.”, dijo.
Además, el Tribunal advirtió que la Fiscalía incurrió en un erro al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra Bonilla y Velasco, pues dicha figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.
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“Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente. Adicionalmente, la Sala advierte que no resulta jurídicamente viable la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención en lugar de residencia, como lo pretende en este caso la Fiscalía”, leyó la magistrada.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco cargos por concierto para delinquir, cohecho y interés indebido en la celebración de contratos. Ambos exministros han rechazado las acusaciones y se declararon inocentes ante las autoridades.
La magistrada Rosero Baquero también señaló que la afectación de los hechos cometidos por los exministros “no es individual ni circunstancial, sino sistemática en la medida en que compromete la credibilidad del Estado y la vigencia efectiva del orden”.
Según los fiscales, las maniobras implicarían el desvío de recursos públicos por más de 600.000 millones de pesos a través de contratos favorecidos a terceros a cambio del respaldo de congresistas. En medio del proceso judicial por el escándalo de la UNGRD, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló que entregó $3.000 millones de pesos para Iván Name, presidente del Senado, y $1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.
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Durante la audiencia, la magistrada Rosero Baquero explicó que la medida de aseguramiento en centro carcelario busca garantizar el debido proceso y evitar posibles interferencias en la investigación, así como proteger la integridad del caso en curso.
“La medida también es urgente, habida cuenta que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, y conforme a lo enunciado por la Fiscalía y a lo que se desprende del material recaudado, es probable que se adelanten nuevas actuaciones investigativas respecto a otras personas o que se profundicen las actuales en curso”, sostuvo.
“Este contexto dinámico impone la necesidad de una medida de aseguramiento acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, añadió.
Por su parte, la magistrada aclaró que la decisión no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino como una medida preventiva en el proceso.
La Fiscalía ha recopilado múltiples testimonios y documentos que, según su versión, evidencian la participación de los exministros en la articulación de una red para influir en decisiones legislativas mediante la asignación irregular de contratos estatales.
Justamente, la magistrada manifestó que el caso se evidencian “roles definidos, objetivos claros y una reiteración de conductas”.
En medio de su intervención, la togada del Tribunal Superior de Bogotá había mencionado que tanto Bonilla como Velasco “no actuaron de manera episódica ni aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.
Sobre su decisión, la magistrada sostuvo que esta “no se sustenta en una fuga inminente , si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado”.
La reacción de Petro
El presidente Gustavo Petro, quien en el pasado defendió públicamente a Bonilla, expresó que no corresponde a él determinar culpabilidades.
“No puedo decir que sean o no sean corruptos (...) Bonilla es ingenuo, le advertí muchas veces: ojo con la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista, pero no me meto eso, es tema de la investigación”, afirmó el jefe de Estado.
Seguidamente, mencionó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien se encuentra pagando una condena por presuntamente ofrecer sobornos a altos miembros del Congreso para que apoyaran proyectos del gobierno Petro.
“El tema se llama Olmedo, y Olmedo, a quien conocí en campaña electoral en Antioquia, usó una de estas estructuras que ya estaban en la UNGRD. Lo que se roban ya estaba allí, y lo habían hecho por centenares de millones de pesos. Lo que pasa es que como sucede en una época política diferente no se investiga”, expresó.
“En vez de destruir la mafia interna, funcionarios del actual Gobierno que la usen para sí mismos, se van. Ojalá pudiera detectarlos antes. Hay gente que llega con buena intención, pero los corrompen”, añadió.
A través de su cuenta de X, el mandatario nuevamente defendió al exministro Bonilla asegurando que cree en es inocente y que es víctima en el caso.
“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad.”, afirmó.
“Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, por qué anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto.”, añadió.
A reglón seguido expresó: “Mientras los cupos parlamentarios de contratación fueron denunciados por mí y eran centenares, la fiscalía nunca capturó a ninguno de sus responsables en años pasados, en todos los gobiernos anteriores los usaron, cuando yo mismo anulé que se siguieran promoviendo en mi gobierno, entonces ahí si hay presos.”
Y añadió: “Es mi presidencia la que acabó con los cupos corruptos de parlamentarios en el presupuesto nacional.”
Defensas apelarán decisión del Tribunal Superior de Bogotá
Ante esta decisión, los representantes de ambos exministros anunciaron que apelarán la medida. Además, vale mencionar que en este caso tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la detención domiciliaria de los ex jefes de cartera. Por esto, el Ministerio Público presentará recurso de reposición y apelación.
En su momento,, Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, advirtió que el economista no es un peligro para la sociedad: “Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”.
Agregó que las declaraciones de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla (...). El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos”.
El escándalo de la UNGRD
Las irregularidades en el interior de la entidad salieron a la luz por el desvió de los recursos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en diferentes zonas de La Guajira.
Y es que loca carrotanques nunca entraron en operación y cuando analizaron los documentos del proyecto se detectaron sobre costos, pues parte de los 46.800 millones de pesos destinados para el proyecto, fueron a parar a los bolsillos de altos miembros del Congreso.
Por este caso, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló que entregó $3.000 millones de pesos para Iván Name, presidente del Senado, y $1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.
