La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó en las últimas a 34 personas, entre ellas miembros de la fuerza pública, civiles y exmiembros de las Farc, por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región de Urabá, entre 1986 y 2002.
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“La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó como máximos responsables a ocho comparecientes de las Farc-EP, 21 comparecientes de la fuerza pública y cinco terceros civiles, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, entre 1986 y 2002, en el marco del Caso 04″, se lee en el comunicado.
Entre los imputados están los generales (r) Alejandro Miguel Navas, Edgar Ceballos Mendoza, Emiro José Barrios y Rito Alejo del Rio.
“Esta decisión del Caso 04 es la primera de la JEP que vincula de manera conjunta a los tres actores que son competencia de la Jurisdicción: Farc-EP, fuerza pública y terceros civiles, en este caso, voluntarios vinculados a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria, asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC). La decisión reconoce la dinámica territorial del conflicto armado vivida en Urabá como escenario y laboratorio de la guerra que desplegaron múltiples actores armados”, añade el escrito publicado por la Jurisdicción Para la Paz.
La Sala de Reconocimiento de Verdad señaló además que identificó tres patrones macrocriminales: Eliminación por prejuicio enemigo, cometido por los dos actores armados de competencia de la JEP; vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, en el cual participaron de manera conjunta la fuerza pública, los grupos paramilitares y los civiles vinculados; y control sociocultural y territorial bajo las modalidades de captura del territorio, cooptación de formas organizativas propias y afectaciones a libertades individuales.
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De acuerdo a la JEP, se le atribuyó responsabilidad a comparecientes de las extintas Farc-EP por “hechos de violencias basadas en género y ataques contra mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas”.
Esta es la primera decisión de la JEP que vincula de manera conjunta a los tres actores que son competencia de la Jurisdicción: Farc-EP, fuerza pública y terceros civiles
