BOGOTÁ. La JEP calificó el ataque contra la Unión Patriótica (UP) como “genocidio” e imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército. Entre los imputados en calidad de coautores se encuentran los generales retirados Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División, y Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que “el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica”. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano. En consecuencia, decidió renombrar el Caso 06 como ‘Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’.
El tribunal de paz también calificó los hechos como crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.
Determinó la JEP que este genocidio dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.
“El ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo 2 candidatos a la Presidencia de la República, 6 parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. Muchas de las víctimas eran además líderes sociales”, se lee en el comunicado de la corporación de justicia transicional.
Y concluyó la investigación de la JEP confirmó judicialmente lo que ya habían advertido la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica: la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las FARC-EP” fue el primer mecanismo del ataque genocida.
Los crímenes contra la UP se extendieron por todo el país, pero el 70 % se concentró donde la UP alcanzó su mayor éxito electoral: en Urabá, Meta, Magdalena Medio y, en menor medida, en el Nordeste antioqueño, Sumapaz (Cundinamarca), Sur de Tolima, Sarare (Arauca), y en Bogotá y Medellín, indica el reporte.
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Los otros imputados fueron los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
“La violencia contra la UP fue continuada en el tiempo. Entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido. La sala pudo diferenciar tres periodos críticos: 1984-1993, 1994-1999 y 2000-2007. Las coyunturas críticas de la victimización contra la militancia de la UP coinciden con las elecciones regionales de 1988, 1997 y 2003, incluyendo la tercera, cuando el partido ya no tenía personería jurídica, pese a lo cual sus victimarios persistieron en su objetivo de destruirlo” señala la información.
