El Juzgado 11 Penal de Bucaramanga, con funciones de control de garantías, decidió enviar a centro carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo, investigado por su presunta relación con el violento atraco a una joyería ocurrido el pasado 29 de noviembre y en el que perdió la vida un intendente de la Policía Metropolitana.
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El subintendente Sierra Bravo fue capturado al momento de entregar turno y, según la Fiscalía, habría actuado como coautor del robo. El ente acusador sostiene que el uniformado, adscrito a la Fuerza Disponible y con 18 años de trayectoria, habría facilitado información y participado en la planeación del golpe junto con miembros de la estructura criminal ‘Los Costeños. La investigación apunta a que el botín sería distribuido entre los involucrados.
Asimismo, durante la audiencia, el fiscal reveló que un testigo clave aseguró que el robo fue preparado con anticipación. Indicó que varias reuniones se llevaron a cabo en un restaurante de la carrera 35, en Bucaramanga, donde se coordinó la operación que finalmente se ejecutó en el sector de Cabecera.
La entidad también señaló que Sierra utilizaba una línea telefónica proporcionada por los delincuentes terminada en 478 para comunicarse durante el asalto. Por esta razón, otros policías supuestamente implicados evitaron usar los radios institucionales para no alertarlo.
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El crimen cobró la vida del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, de la Sijín, quien intentó frenar a los asaltantes dentro del establecimiento y proteger a una mujer y su hija que se encontraban en el lugar.
La Fiscalía destacó que Sierra ocupaba una posición clave dentro de la institución. Con 18 años de servicio, más de 60 reconocimientos y solo tres meses de haber sido trasladado a la Metropolitana de Bucaramanga, no se trataba de un uniformado inexperto. Esa trayectoria, según el organismo, le habría dado capacidad para suministrar datos sensibles y monitorear el área durante el robo.
Mientras avanza el proceso, Sierra permanecerá privado de la libertad por un año, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará recopilando material probatorio e identificando a otros posibles uniformados vinculados a la organización delictiva.
Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado, tentativa de hurto agravado con afectación directa a la comunidad, cohecho y modalidad dolosa de la conducta. El juez advirtió que, de ser hallado culpable, la pena podría superar los 50 años debido al riesgo que representa para la ciudadanía.
