Ante el escándalo generado por los supuestos nexos del general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente y director del Comando de Personal del Ejército (COPER) y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con las disidencias de alias Calarcá, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió investigación profunda al gobierno Petro.
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“Instamos al Gobierno Petro, a la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones a investigar profundamente estos alegatos y tomar todas las acciones apropiadas”, respondió el Departamento de Estado de Estados Unidos a ‘Noticias Caracol’.
Los nombres del militar y el funcionario del actual gobierno aparecen en la información de los computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en un retén militar en la localidad de Anorí, en el departamento de Antioquia.
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De acuerdo con información revelada por ‘Noticias Caracol’, en uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con el general Huertas.
El oficial, que regresó al servicio activo en agosto, les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, siempre según la carta publicada por la investigación periodística.
“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas” para que cuando los diálogos de paz del Gobierno con el EMBF fracasen, las disidencias puedan quedar “con hombres legales”.
El militar también les ofreció protección para sus desplazamientos y les dijo “que el vínculo con el presidente (Gustavo Petro) le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado”, agrega la investigación.
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Luego se desatara una ola de cuestionamientos por el entramado de corrupción que pone en la palestra a funcionarios del gobierno Petro y la cúpula militar, la Fiscalía General de la Nación aseguró que la información de “máxima gravedad” incautada a las disidencias de las FARC en julio de 2024 no estaba siendo investigada de manera adecuada por la fiscalía a cargo en Medellín.
Fiscalía ordenó intervención inmediata
Sobre esto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata de la Delegada contra la Criminalidad Organizada para impulsar líneas de investigación que apuntan directamente a la seguridad nacional.
Los hechos se remontan al 23 de julio de 2024, en Anorí (Antioquia), cuando una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC fue interceptada en un retén militar. Entre los ocupantes se encontraban cabecillas como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez.
Aunque estos cuatro cabecillas no fueron capturados debido a la suspensión de sus órdenes de captura en el marco de la Ley de Paz Total y los diálogos de paz del Gobierno, las autoridades sí incautaron una gran cantidad de material sensible: computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos.
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El material fue sometido a análisis forense por la Dijín de la Policía. Si bien los elementos habían servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC y lograr la condena de dos integrantes de la caravana, María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, la Fiscalía ha precisado que la dependencia de Medellín a cargo de la investigación no remitió reportes ni copias de los hallazgos cruciales a sus superiores jerárquicos durante 16 meses.
Fue solo hasta verificaciones realizadas por la fiscal general que se descubrió la existencia de información no investigada.
Por esta razón, la fiscal general dispuso de la apertura de nuevas líneas de investigación que apuntan a posibles delitos de “extrema seriedad”, entre los que se cuentan la cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias; amenazas a la seguridad nacional; presunta financiación de la campaña a la Presidencia; y la alianza entre distintos actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
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Petro se desmarca de escándalo
Por su parte, el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de “falsos informes”.
El mandatario sostuvo que Noticias Caracol ha cometido varios “errores” al publicar esa información y deslizó que “la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo”.
Asimismo, insistió en que existen “bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango” que manipulan informes para “sacar del camino” a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA “también cae en esos errores” porque “no sabe que el gran narcotráfico penetra el poder político de la nación”.
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“Y tal como temíamos, Petro salió con la peor respuesta posible: negarlo todo. En lugar de ponerse del lado de las denuncias y las pruebas. En lugar de decir ‘haré todo para determinar a los responsables y sancionarlos’ nos dice ‘es falso, nos persiguen porque somos buenos’”, criticó la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.
La financiación de la campaña de Petro
En sus mensajes en X, Petro no se refirió a otra revelación de Noticias Caracol, sobre el presunto apoyo de jefes de las disidencias de las FARC a su campaña presidencial de 2022.
Ese apoyo supuestamente se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre alias Iván Mordisco, el criminal más buscado en Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros.
Márquez negó hoy “categóricamente” esa versión y aseguró que “no existe ninguna prueba fehaciente” de ese supuesto apoyo.
