La Defensoría del Pueblo urgió al Congreso de la República a que se adelante de manera “urgente” los debates que restan para la aprobación del proyecto de ley que dejaría en firme la Jurisdicción Agraria y Rural para “cerrar brechas históricas, garantizar derechos y brindar a las comunidades más excluidas una justicia especializada, accesible y digna”.
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“Esta jurisdicción, prevista en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz y elevada a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-340 de 2025”, recordaron mediante un comunicado.
La entidad precisó que la no aprobación de la Jurisdicción Agraria deja en vilo a miles de campesinos y campesinas, comunidades étnicas, víctimas y mujeres rurales que continúan “sin acceso a una justicia especializada, cercana y eficaz para resolver controversias sobre tierras, propiedad, linderos, ocupación, cultivos, pesca y decisiones administrativas agrarias”.
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“A diferencia de otros ámbitos de la justicia -que han avanzado en modernización, virtualidad y eficiencia- las poblaciones rurales continúan enfrentando largos desplazamientos, costos elevados, ausencia de acompañamiento jurídico suficiente y múltiples barreras para acreditar pruebas y hacer valer sus derechos. Esta brecha afecta especialmente a las mujeres del campo, quienes solo poseen el 30 % de la propiedad rural y acceden apenas al 4 % del crédito agrario”, mencionó la Defensoría.
Indicaron que la institucionalidad colombiana está lista para poner en marchar dicha jurisdicción, ya se creó el Tribunal Agrario y Rural de Tunja y se designaron juzgados en cinco ciudades del país—algunos territorios PDET y con alta conflictividad agraria.
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Manifestaron que la entrada en funcionamiento de estos juzgados “solo depende” de la aprobación de este proyecto de ley que ha encontrado trabas tanto en Senado como en la Cámara de Representantes. “La Ley Estatutaria ya fue aprobada y declarada ajustada a la Constitución”.
“Reiteramos que este es un acto de justicia con el campo y una condición indispensable para el #BuenFuturoHoy en las zonas rurales de Colombia. La creación efectiva de la jurisdicción agraria y rural permitirá cerrar brechas históricas, garantizar derechos y brindar a las comunidades más excluidas una justicia especializada, accesible y digna”, concluyeron.
