Más allá de calmar los ánimos, el presidente Gustavo Petro avivó las críticas por la reciente polémica desatada por el borrador de un decreto del Gobierno nacional que busca eliminar los requisitos para ser embajador y cónsul.
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Según el documento, que apenas está en borrador, para ocupar dichos cargos ya no sería necesario acreditar formación universitaria, estudios relacionados con relaciones internacionales ni trayectoria en el servicio exterior.
Así las cosas, la propuesta reduciría los requisitos al mínimo, solo basta con ser colombiano por nacimiento, estar en ejercicio de la ciudadanía y tener más de 25 años. Ese gesto, que para algunos parece una flexibilización administrativa, encendió las alarmas y las críticas de distintas orillas políticas que reclaman al Gobierno que quienes ocupen esos cargos deben estar preparados.
Sin embargo, el mandatario le salió al paso a las críticas y aseguró que es el presidente de la República quien “dirige las relaciones exteriores por orden constitucional, y tal facultad se ejerce a través de la canciller y sus embajadores”.
Quienes más cuestionaron el proyecto de decreto fueron la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) quienes en un comunicado conjuntos manifestaron su “profunda consternación y enérgico rechazo” por los planes del Gobierno.
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“Esta nueva acción, sumada a la reciente modificación del manual de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Resolución 10142 del 19 de agosto de 2025), profundiza el grave retroceso institucional que se está evidenciando. Ambas decisiones socavan la profesionalización del Servicio Exterior, desconocen el valor del mérito y rompen el equilibrio indispensable entre la Carrera Diplomática y los cargos de libre nombramiento, equilibrio que durante décadas ha garantizado representación seria, competente y responsable de Colombia en el exterior”, expusieron.
Calificaron de “grave” la eliminación de los requisitos para los cónsules generales centrales, quienes tienen a su cargo la atención directa a colombianos en “temas sensibles” como protección, emergencias, notarías, trámites migratorios, repatriaciones, registros civiles, asistencia a víctimas y orientación jurídica.
“Estos cargos exigen un conocimiento técnico y normativo profundo, sin el cual los derechos de los colombianos en el exterior se ven directamente afectados”, criticaron.
