La Contraloría General de la República publicó un comunicado este viernes 14 de noviembre en el que advierte sobre una contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, calificando el caso como inusual.
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Se trata de una contratación en la que se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68 % del total contratado en la primera semana de noviembre.
La alerta de la Contraloría es la primera en el contexto de elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral.
La entidad detectó este comportamiento como atípico y altamente concentrado.
“Durante los primeros siete días del mes se comprometieron $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025. De este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68 % de toda la contratación registrada en la semana. Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico previo”, se lee en el escrito de la Contraloría.
El ente de control también señaló que esto podría significar fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
En detalles, la Contraloría explicó que el Departamento de Prosperidad Social “fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770 mil millones que equivalen al 8.5 % del total de la contratación del Estado”.
Es por eso que la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, junto a la DIARI, adelantan un seguimiento “exhaustivo y permanente” sobre la caracterización de todos los contratos suscritos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, “analizando su comportamiento agregado por valor contratado, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales”.
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La idea de la evaluación será “identificar con precisión operaciones sensibles —como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral— con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos al interés general”.
