El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en las playas de Barú, Cartagena, el pasado 10 de mayo de 2022, en un atentado perpetrado por sicarios colombianos.
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La acción legal va dirigida contra el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, donde el fiscal se hospedaba al momento del ataque.
“En esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado", dice la demanda.
Según reveló el diario El Tiempo, los familiares de Pecci, su viuda, su hijo, padres, hermanos y sobrinos, reclaman una indemnización superior a los $2.000 millones de pesos por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante, derivados del homicidio del fiscal antimafia.
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La demanda alega que tanto el Estado como el hotel incurrieron en omisiones graves que facilitaron el crimen. En el caso de la Nación, se señala que la Policía Nacional no actuó de manera preventiva, a pesar de que el atentado fue planeado con varios días de antelación, según se ha establecido en la investigación judicial.
“Se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito. Esto significa que, (aunque según las pruebas recabadas en la investigación) el crimen comenzó a planearse desde el 2 de mayo, la Policía Nacional no tomó medidas preventivas en ningún momento. Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado en la República de Paraguay, situándolo en una situación de riesgo permanente”.
Aunque han pasado más de dos años desde el crimen, los demandantes explicaron que el plazo de caducidad legal para presentar este tipo de demandas, dos años desde la fecha del hecho, se suspendió debido a la presentación de una conciliación extrajudicial el 10 de mayo de 2024 ante la Procuraduría General, la cual no prosperó. La constancia de no acuerdo fue expedida el 18 de julio del mismo año.
Para la familia Pecci, el asesinato de Marcelo constituye un ‘daño antijurídico’ que debe ser resarcido, al afectar directamente el derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. En ese sentido, consideran que tanto el Estado como el hotel incurrieron en fallas que facilitaron el ataque.
“El hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido en el artículo 11 de la Constitución Política: la vida. El daño tiene carácter personal cuando se comete sobre una persona, ya que el perjuicio a las personas o a su patrimonio es lo que hace responsable al Estado, y la persona que reclama el daño es quien lo sufrió directamente. En este caso, los integrantes de la parte demandante que reclaman los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado por la omisión de la administración pública son víctimas indirectas de la muerte del causante”, explican los accionantes.
