La elección esta semana en el Senado de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes, respaldado por los partidos tradicionales y de oposición, desató un terremoto político dentro del Gobierno, pues el presidente Gustavo Petro, tras la derrota, anunció cambios en su gabinete y en la coalición. EL HERALDO consultó con constitucionalistas, expertos y centros de pensamiento en justicia sobre cómo queda el equilibrio en el alto tribunal y cuáles son las decisiones que se avecinan y que habrían calentado el pulso por el nuevo togado de la corporación guardiana de la Carta Política.
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Camargo, ex director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, FND; ex presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE; ex registrador nacional encargado; ex vicerrector de Proyección Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda y ex defensor del Pueblo, se supone que integraría el bloque conservador, compuesto además por los magistrados Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez y Lina Escobar, aunque esta última togada ha sido también ubicada entre los magistrados independientes. Entre tanto, los progresistas serían Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, cercanos a Petro. Pero también están los togados considerados como liberales, como Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo, pero este último también tiene un pasado conservador. Y en el centro casi siempre se ubica a la magistrada Natalia Ángel.
Lo que viene
Como el ex defensor del Pueblo, ternado por la Corte Suprema de Justicia, reemplaza a Reyes, quien era tenido como de línea entre conservadora e independiente, llegaría a la sala de seguimiento en salud, junto con Fernández y Polo, que revisan temas como el adecuado cálculo de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y los presupuestos máximos, que tienen que ver con los recursos que les entrega el Estado a las EPS.
Además, esta Corte Constitucional, que no tendrá cambios hasta 2028, analiza asuntos como la accidentada reforma pensional, la zona binacional comercial con Venezuela, la demanda contra el llamado ‘decretazo’ sobre la consulta popular y la anunciada papeleta para convocar una asamblea constituyente. Pero también hay en curso debates sobre el Presupuesto 2026 y la ley de financiamiento, que eventualmente podrían llegar al alto tribunal.
Los reemplazos
El actual Senado de la República, que se posesionó el 20 de julio de 2022, reemplazó a seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Las elecciones empezaron con Cortés González en octubre de 2022 y un año después fue escogido Fernández, siguieron en febrero pasado con Polo y más recientemente llegaron Carvajal y Escobar, hasta que Camargo fue elegido esta semana. Luego culminarán sus investiduras Ibáñez en octubre de 2028, Meneses en enero de 2029 y Ángel en febrero de 2030.
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Camargo, tras tomar juramento dijo ante el pleno: “Recibo con inmensa gratitud y profunda humildad esta dignidad, lo hago con la certeza de que esta no es una distinción personal, sino un llamado al servicio público en la defensa de la Constitución y el fortalecimiento del estado de derecho. (…) Hoy más que nunca está en juego la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. (...) Mi primera obligación será con la Carta Política que nos rige, que es un pacto de convivencia y un límite al poder”. Y concluyó en este sentido: “Colombia puede tener la certeza de que trabajaré sin descanso para proteger la juridicidad y para asegurar que ninguna coyuntura política ponga en riesgo nuestros principios fundamentales”.
Entre tanto, la Corte, en un comunicado, destacó de la labor del saliente Reyes: “Fue el ponente de tres sentencias que estudiaron los decretos legislativos emitidos en virtud del Estado de Emergencia en La Guajira, entre ellos el decreto declaratorio; 14 de los decretos legislativos concernientes al Estado de Emergencia derivado de la covid-19, entre los cuales se destaca el decreto declaratorio; y dos sentencias que estudiaron el Estado de Conmoción Interior en la Región del Catatumbo”.
Los análisis
El constitucionalista Germán Calderón España le dijo a EL HERALDO que con la elección de Camargo la Corte “mantiene un equilibrio más o menos real frente a las cargas ideológicas y políticas en relación con aspectos que se debaten sobre todo con las reformas sociales de este gobierno, lo que tiene que ver con la reforma pensional, eso va a tomar otro giro, ya no va a tener mayorías y lo más probable es que esa reforma se caiga; se va a revisar la reforma laboral, también eso puede tener un vuelco o va a tener unos debates muy fuertes entre quienes defienden al Gobierno como Fernández, Polo y Carvajal, que son exclusivamente elegidos por el Gobierno, y unos magistrados que giran de un lado a otro como Cortés y Ángel, y en la derecha, digámoslo así conceptualmente, están Ibáñez, Meneses y Escobar, y queda un último magistrado de ese sector o de esa línea, que es Camargo, y eso es lo que le va a dar el equilibrio a esa Corte”.
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Porque, de lo contrario, agregó, “si hubiese tenido una línea ya muy fuerte hacia una tendencia progresista eso le hubiera hecho un daño muy fuerte a este país, porque son muchos los adefesios, las situaciones jurídicas inconstitucionales, como una papeleta para convocar a una asamblea nacional constituyente, como revivir la reelección presidencial, apoyar los estados de sitio o de conmoción interior o de guerra exterior de pronto que se puedan dictar para mover el calendario electoral, y hacer algunas cosas que son absolutamente inconstitucionales, pero que se quieren hacer desde un punto de vista electoral y permisivo para todas las políticas de este gobierno”.
Por su parte, el ex decano de Derecho de la Universidad Nacional Óscar Mejía cuestionó en EL HERALDO que “como lo han puesto de presente varios portales y la prensa crítica, Camargo compró básicamente esa designación dándoles puestos a varios magistrados de la Corte Suprema, lo que da cuenta de que el procedimiento se ha corrompido; lo segundo es que la casi paridad que había en la Corte se ha perdido, porque queda una diferencia de seis a tres; y tercero, Camargo es una ficha de la derecha para ponerlo sin eufemismos, no es un candidato que haya tenido experiencia en la Rama Judicial como la tenían los otros dos candidatos (María Patricia Balanta y Jaime Tobar) y no es un personaje que se haya jamás hecho notar por sus consideraciones constitucionales”.
En la Corte, añadió, “quedan equilibradas las fuerzas de derecha y progresistas, sin que signifique que estos sean del Gobierno, porque queda un bloque de cuatro magistrados de derecha y cuatro más que estarían más cercanos digamos a posturas democráticas e incluso a posturas del Gobierno, y queda fuera de la balanza la magistrada Ángel, que a veces toma decisiones hacia un lado u otro. Entonces va a ser un periodo de mucha tensión, del lado de la derecha van a estar muy aliviados porque para muchos la propuesta que se venía de una asamblea constituyente lo más seguro es que si esa propuesta avanzara sería detenida por el bloque al que seguramente se sumaría la magistrada Ángel, y puede que la reforma pensional, si no satisface la respuesta de la Cámara, tenga muchos riesgos de ser derrotada; (…) y va a venir lo del Presupuesto, que puede tener demandas ante la Corte, están pendientes las reformas de la educación y todas estas iniciativas van a entrar en un periodo de tensión no solo en el Legislativo, sino también en la Corte”.
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Finalmente, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, comentó en EL HERALDO que la elección de Camargo Assis “preserva la independencia judicial y la autonomía de la Rama, es además desde todo punto de vista impresentable que cualquier gobierno pretenda interferir indebidamente en la elección de un magistrado de cualquiera de las altas corporaciones judiciales del país, y desde luego con mayor razón en lo que hace la Corte Constitucional, por las muy importantes funciones que esta corporación desempeña”.
El alto tribunal, observó el jurista, “tiene al pendiente decisiones muy importantes, como por ejemplo si se cumplió debidamente el trámite de subsanación de la reforma pensional impulsada por este gobierno, como también lo que hace de varias demandas que incumben al Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrienio y lo que hace también de otros aspectos fundamentales e importantes como la Jurisdicción Agraria y otros elementos importantes para los que se requiere que la Corte, como guardiana que es de la Constitución, tenga la autonomía para poder desplegar un concepto técnico y decidir lo que en derecho corresponda”.
Y por último criticó que “el presidente sigue estigmatizando a funcionarios judiciales y a la Rama Judicial, lo cual perturba esa buena interrelación y armonía de poderes que siempre debería caracterizar a la democracia colombiana”.
