El exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos de los 103 votos en la plenaria del Senado, frente a los 41 que alcanzó la magistrada Patricia Balanta, respaldada por el Gobierno.
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La votación marcó una nueva derrota para el presidente Gustavo Petro en el Senado, que ya le había cerrado la puerta a la consulta popular en mayo, y ahora debilita su influencia en el tribunal encargado de revisar las reformas estructurales de su administración.
La elección se realizó en medio de una tensa sesión de más de seis horas, sin acceso para ministros ni asesores del Ejecutivo. Los votos decisivos provinieron de sectores opositores y de bancadas como el liberalismo, el Partido de la U y parte de los verdes terminaron inclinando la balanza en favor de Camargo.
Durante su juramento, Camargo afirmó que su prioridad será cumplir la Constitución y recuperar la confianza ciudadana en la justicia. Sin embargo, su llegada refuerza un bloque de la Corte identificado con posturas más conservadoras y poco afines al Gobierno.
“Hoy, más que nunca, sé lo que está en juego: es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que la justicia se ejerce no en beneficio de unos pocos, sino en nombre de todo el pueblo colombiano”, dijo Camargo.
¿Cómo quedan las fuerzas en la Corte Constitucional?
Con la entrada de Camargo, el equilibrio interno de la Corte se inclina hacia un sector que ha votado en contra de varias iniciativas del Ejecutivo. Este grupo lo integran, además del nuevo magistrado, el actual presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y las magistradas Paola Andrea Meneses y Lina María Escobar. A ese bloque pertenecía también José Fernando Reyes, a quien reemplaza Camargo.
Del lado más cercano al Gobierno se identifican a Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, Héctor Carvajal, exabogado de Petro y Juan Carlos Cortés.
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Otros magistrados como Miguel Polo y Natalia Ángel han tenido posturas mixtas, a veces votan con el Gobierno y otras en contra, dependiendo del análisis jurídico del caso. Polo, por ejemplo, fue ponente de la sentencia C-539 de 2023, que tumbó el Decreto Legislativo 1277 del 31 de julio de 2023, con el que se adoptaron medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, y Ángel apoyó decisiones clave como el cambio en la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado, según El Tiempo, el magistrado Héctor Carvajal se ha ido distanciando del presidente Petro, quien lo ternó, aunque aún no se ha pronunciado sobre temas de fondo.
Finalmente, el Gobierno enfrenta una derrota política en un momento clave, con al menos tres iniciativas estratégicas en discusión en el Congreso. Entre ellas se encuentran el Presupuesto General de la Nación para 2026 y la ley de financiamiento, una ambiciosa reforma tributaria con la que busca recaudar más de 26 billones de pesos.
Todo esto ocurre mientras ya se activan las campañas para las elecciones de 2026, lo que complica aún más la construcción de mayorías en el Senado.
