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La Corte Constitucional admitió una demanda que busca declarar inconstitucional la Ley 2494 de 2025, norma que establece nuevas reglas para la elaboración y difusión de encuestas en el país. La acción fue interpuesta por el ciudadano Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, dado que afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.

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Entre los principales argumentos, el demandante advierte que la norma impone restricciones que podrían limitar la diversidad informativa y dificultar el acceso de nuevos actores al escenario de las encuestas. En particular, se cuestiona la prohibición de sondeos no probabilísticos y la exigencia de cumplir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales.

Asimismo, la demanda señala que algunas disposiciones otorgan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual podría alterar su diseño institucional.

Otro de los puntos críticos es la falta de análisis sobre el impacto fiscal de la ley. Según el escrito, la creación de entidades técnicas, un registro nacional de encuestadoras y los procesos de auditoría implicarían costos permanentes que no fueron considerados, lo que violaría el principio de sostenibilidad fiscal.

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Tras admitir la demanda, la Corte solicitó al Congreso los antecedentes legislativos de la norma y pidió concepto al Ministerio de Hacienda. Además, convocó a los autores y ponentes de la ley para que justifiquen su trámite.

Finalmente, fueron invitados a pronunciarse organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), universidades y casas encuestadoras, con el fin de evaluar el impacto real de la normativa en el ejercicio democrático y el acceso a la información.