El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, confirmó que el Gobierno Nacional ha iniciado el proceso para devolver la EPS Sanitas a sus propietarios, el Grupo Keralty, luego de la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de Salud había intervenido la entidad en abril de 2024.
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Durante la presentación del plan de estabilización de giros a la red pública de salud, que reunió a alcaldes y gerentes de hospitales públicos del país, Rubiano expresó su preocupación sobre las dificultades financieras de la EPS Sanitas, al señalar que la entidad presenta serias falencias en cuanto a su patrimonio y reservas técnicas.
“Le pregunto a la Corte Constitucional cómo hago para entregar una EPS con grandes dificultades financieras, no tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios”, afirmó el superintendente.
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Asimismo, Giovanny criticó además la orden de la Corte para que la Superintendencia cumpla con la devolución de la EPS, a pesar de los riesgos evidentes para los afiliados. “¿Cómo la Supersalud vuelve un hospital público si no cumple? ¿Cómo se entrega una EPS si no cumple? Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo se hace eso”, señaló el funcionario.
El superintendente también manifestó que, a pesar de haber realizado un requerimiento técnico a la Corte para resolver las dudas sobre el estado financiero de la EPS, aún no han recibido respuesta.
Sobre el argumento de la Corte de devolver la EPS a su dueño, Rubiano se mostró especialmente preocupado, pues considera que la razón expuesta por la Corte, en relación con la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), carece de sustento técnico. “Si la razón que usa la Corte es que la Super no tuvo en cuenta la insuficiencia de la UPC, quisiera saber de dónde saca que es insuficiente, porque faltan datos técnicos para lograrlo”, expresó.
La controversia surge luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidiera, el 26 de junio pasado, dejar sin efecto las resoluciones que le otorgaban a la Superintendencia de Salud la intervención de la EPS, un hecho que abre nuevas dudas sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.