El ex presidente César Gaviria acusó al actual mandatario Gustavo Petro por aplicar supuestas “expropiaciones indirectas” en diferentes territorios colombianos. El director del Partido Liberal expuso que más de 400.000 hectáreas en 40 municipios de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y La Guajira se están viendo afectadas.
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“Si bien es cierto que en Colombia, desde que Petro está ejerciendo su presidencia, no se ha expropiado de la forma estricta que define la Constitución sí es cierto que encontró una forma de incumplir su promesa de no expropiación, mediante resoluciones y decretos exprés, carentes de ejercicios participativos rigurosos, incluyentes e integrales, donde reglamenta los usos del suelo de diferentes áreas y en varios municipios del país, saltándose cualquier participación de los entes territoriales, en quienes reside la función legal mediante la declaración de ciertas figuras que desbordan cualquier atribución constitucional y legal.”, expresó en el comunicado.
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“La expropiación indirecta, también conocida como “medida equivalente a expropiación” o “expropiación regulatoria”, es una intervención del Estado que, sin llevar a cabo una toma o confiscación formal y directa de la propiedad, tiene un efecto similar al privar al propietario de un predio, o a quien tiene su usufructo, de la capacidad de usar, disfrutar y obtener los beneficios derivados de su propiedad, los cuales, por supuesto, tienen entre otros un gran componente económico de su inversión.”, explicó.
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Gaviria aseguró que la creación de ‘decretos exprés’ y resoluciones generan incertidumbre en los propietarios de algunos predios, pues se estaría “paralizando cualquier posibilidad de inversión” y causando el detrimento de los precios en el mercado, al restringirse prácticamente todos los usos posibles que no sean la pequeña actividad agrícola.
“La expropiación indirecta se produce a través de una serie de acciones o regulaciones que Gustavo Petro está ejecutando y que, en su conjunto, hacen que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma y los proyectos, obras o actividades que pretendía ejecutar en los mismos se hagan inviables.”, indicó el exmandatario.
Además, recordó que estas medidas han sido implementadas en países como Venezuela y Congo, generando graves afectaciones sobre la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
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Gaviria también cuestionó las Zonas de Producción Prioritaria de Alimentos (ZPPAS) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAS), las cuales están incluidas en el Plan de Desarrollo.
“Las ZPPAS y APPAS se adoptaron como instrumentos en el plan de desarrollo del gobierno Petro, tendientes a delimitar áreas para producción agropecuaria a fin de garantizar la producción de alimentos, derechos que por supuesto son fundamentales. El gran problema reside en que la aplicación exprés, inconsulta y sin estudios económicos de estas figuras, están generando total incertidumbre y conflictos con sectores productivos previamente establecidos, como también con propietarios de los suelos que están sufriendo una desvalorización inmediata de los mismos, incurriendo sin duda alguna en expropiación indirecta.”, mencionó.
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Y añadió: “El gobierno ha declarado áreas ZPPA en aproximadamente 400 mil hectáreas en más de 40 municipios entre los departamentos de Antioquia, Tolima y Cundinamarca, así como también se han declarado como APPAS más de siete municipios en el Departamento de La Guajira. Y ya se anuncian para otras zonas del país, como la Sabana de Bogotá, en ni más ni menos que en alrededor de 50 mil hectáreas en municipios de la región de Sabana Centro y en el suroeste antioqueño, donde se ha anunciado la implementación de las APPAS en 22 municipios y que afectaría cerca de 250.000 hectáreas del suroeste del mencionado departamento; adicionalmente continúa por parte del gobierno nacional el proceso de identificación de estas áreas en alrededor de 100 municipios en departamentos como Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta.”
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Por otra parte, denunció la intención de declarar áreas de reservas temporales en diferentes municipios de Antioquia y Santander, imposibilitando de manera sobreviniente actividades como la exploración y explotación minera, agroindustria, infraestructura, silviculturales y ganadería.
“Bajo esta figura, ya ha declarado 9 municipios del suroeste antioqueño y en áreas de 37.000 hectáreas, comprendida entre los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada. Adicionalmente, una amplia área del departamento de Santander donde se incluyen los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona, incluida la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.”, se lee en el comunicado.
“Llama poderosamente la atención que sobre el municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, donde se encuentra el depósito de cobre más grande del país, mineral considerado esencial para la transición energética y cuyo proyecto ha sido declarado por el mismo estado colombiano como proyecto PIN (proyecto estratégico para la Nación)”, manifestó.
