En la tarde de este viernes 15 de agosto se conoció que el Gobierno Nacional solicitó la extradición a Colombia de Carlos Ramón González, el exdirector del Dapre, implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, quien se encuentra en Nicaragua.
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Desde el Ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Montealegre, se solicitó a la Fiscalía iniciar los trámites pertinentes con el gobierno de Nicaragua para conseguir la extradición de Carlos Ramón González, quien debe enfrentar a la justicia colombiana por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
En los últimos días se desató una ola de rechazo luego que se diera a conocer que presuntamente el gobierno Petro habría solicitado la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González, para que permaneciera prófugo de la justicia.
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Sobre este nuevo escándalo, el senador y exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, emitió un comunicado en el que precisó que González, solicitó inicialmente ingresar a Nicaragua como exdirector del DNI, pero el permiso le fue negado.
Posteriormente, volvió a solicitar la autorización y, en su calidad de embajador, facilitó la intermediación con autoridades nicaragüenses para permitir su ingreso, subrayando que en ese momento no existían imputaciones, condenas, órdenes de captura ni circulares rojas de Interpol en su contra.
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“Facilité su ingreso al país en el momento en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía General de la Nación. Mi actuación como embajador se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal, y en el marco de gestiones que he hecho con otros connacionales”, señaló en el comunicado.
El senador aseveró que la estadía de González en la embajada fue exclusivamente de visita, sin que mediara solicitud formal o verbal de alojamiento o residencia, y que no se realizaron gestiones para facilitar su radicación en Nicaragua durante su periodo diplomático.
Asimismo, recalcó que no informó ni consultó sobre este asunto con la Cancillería o la Presidencia, pues sus acciones estuvieron enmarcadas en las funciones propias de su cargo, según el comunicado.
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El caso de corrupción que salpicó a González
González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
La UNGRD, adscrita al Dapre, es la entidad encargada de dirigir y coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país, y está en el centro del mayor escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de Petro.
La Fiscalía imputó a González por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos por presuntamente ordenar el pago de millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso.
Parte de ese dinero, según el ente acusador, provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.