Luego de que el Gobierno expidiera el decreto 0858 de 2025, con el que se reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en el país, varios sectores médicos, económicos y políticos del país dividieron opiniones.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló en sus redes sociales que “el Gobierno decidió imponer su idea de sistema de salud, muy probablemente en forma ilegal e inconstitucional, mediante un decreto que reglamenta lo que supuestamente el mismo Gobierno creía se debería hacer a través de una ley. El Gobierno sabe que la presunción de legalidad conduce a que hasta que no sea declarado inconstitucional el decreto, se introduzca un inmenso desorden en el sistema. Se están incluyendo temas que deberían ser de ley, incluso probablemente de ley estatutaria en un decreto firmado por el presidente y el ministro”.
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Agrega el líder gremial de los empresarios que “no tiene la menor consideración el Gobierno en generar, por ejemplo, claridad alrededor de cómo va a ser la financiación del sistema y de los servicios que se pretenden incluir, tampoco tiene consideración con los pacientes que no saben hoy en día, cuál es la ruta de atención, o que tienen que interrumpir su ruta de atención actual.
La irresponsabilidad, desde tal tamaño, que ni siquiera se tomaron el trabajo de entender de donde provendrán los recursos para poder atender el sistema, ni tampoco se tomaron el trabajo de pensar el efecto en los trabajadores de la salud que viene en este momento, un inmenso riesgo en su estabilidad".
De igual modo comenta que “el sistema asegura que el Gobierno Nacional podrá manejar la totalidad de los más de 80 billones de pesos que administra el sistema, dándole el poder también, seguramente definir cómo será la contratación de bienes y servicios que están relacionados con el mismo. El presidente decidió que esta era una de sus banderas, y nunca entendió cuáles eran los riesgos, a los cuales está sometiendo los pacientes. Son más de 12.000 entidades públicas y privadas que prestan el servicio de salud en Colombia y casi 1 millón de trabajadores que entran hoy en alerta general por la incertidumbre generada en forma arbitraria y autoritaria por el Ejecutivo, que no tiene la capacidad de tomar estas decisiones, pero aboca al país a una situación sin control”.
Señala Mac Master: “Nos imaginamos que detrás de esta decisión, por supuesto en el retiro de la reforma a la salud que pretendía hacer esto por la vía legal legislativa. O será otra amenaza para tratar de imponer su visión, en opinión de muchos incluyéndome, equivocada, y sobretodo, riesgosa para los pacientes colombianos”.
Entre tanto, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, anunció que demandará la norma: “A @GA_Jaramillo no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso. Y eso que Benedetti había dicho que quería buscar acuerdos y concertar con la Comisión VII de Senado. Demandaremos ese esperpento. (...) @GA_Jaramillo sigue el ejemplo de @petrogustavo y por medio de un ‘decretazo’ que desconoce al Congreso implanta su inconveniente reforma a la salud”.
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La ex presidenta de la Comisión Séptima del Senado -donde cursa la reforma a la salud 2.0 en tercer debate-, Nadia Blel, del Partido Conservador, cuestionó: “Incoherencia total: mientras el Gobierno impulsa una #ReformaALaSalud en el Congreso @MinsaludCol expide un decreto que no solo desconoce al Legislativo sino que excede su potestad reglamentaria. Modificar de esta manera el sistema de salud no solo es una falta de respeto a la institucionalidad: es una peligrosa señal de desprecio por la democracia y por los colombianos que representamos, es una muestra clara de que a este gobierno no le interesa el diálogo ni el consenso, sino la imposición”.
La médico internista y bloguera, Tatiana Villarreal, anotó en sus redes: “Amanecemos con una reforma a la salud por decreto. El presidente imponiendo su voluntad a plumazo limpio. ¿Plata? Quien sabe de dónde la sacarán. ¿Personal? Re menos (no quiero saber). ¿Y el Congreso? Bien, gracias”.
De igual modo, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que “la reforma a la salud fue impuesta hoy a machetazo limpio, vía decreto, saltándose al Congreso y debilitando el principio de legalidad. Sin ley aprobada, el Gobierno redefine el modelo: despoja a las EPS de funciones financieras y generaliza el giro directo desde la Adres, que ya venía operando parcialmente. Lo que se presenta como transición es en realidad una ruptura institucional: se rebautizan las EPS como ‘Gestoras de Salud y Vida’, se ordena la implementación de redes y CAPS (centros de atención primaria en salud) sin bases legales, sin capacidad presupuestal, ni garantías operativas, y se concentra el control del sistema en el Ejecutivo (estatizacion en marcha)”.
Añade el economista: “El sector salud advierte y con razón: no hay hoja de ruta, no hay reglas claras, y la atención está en riesgo. Esta no es una reforma: es una desorganización oficializada. Y entonces, ¿para qué seguir discutiendo una reforma en el Congreso si el Gobierno ya decidió todo por decreto? Siguiendo su propia lógica, lo coherente sería retirarla”.
De otro lado, el senador petrista León Fredy Muñoz, dijo que “la salud no puede seguir siendo un negocio. Con decisión política y por decreto, empieza a regir un nuevo modelo que pone en el centro la vida y no las ganancias. Las EPS ya no podrán jugar con la salud de la gente ni quedarse con la plata pública para hacer política. Ahora las EPS se transforman en gestoras de salud y la Adres será la única que administre los recursos, cerrando la puerta a la corrupción y al clientelismo. Se les acaba el festín. La salud es un derecho, no una alcancía para financiar campañas”.
Y el analista financiero y activista de chavismo, Vicente Calvo, indicó en su cuenta de X: “El decreto no crea nuevas leyes ni modifica el marco legal vigente, sino que desarrolla y reglamenta lo dispuesto en las leyes aprobadas por el Congreso, en especial el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023). El texto enfatiza que todas las acciones, competencias y estructuras que establece se fundamentan en normas ya existentes y en la necesidad de armonizar la reglamentación para la implementación del modelo de salud”.
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Y agrega el integrante de las mesas de la UPC: “No desconoce al Legislativo: El decreto no reemplaza ni ignora las leyes expedidas por el Congreso, sino que se limita a reglamentar su aplicación. No excede la potestad reglamentaria: El decreto se mantiene dentro de los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al desarrollar y precisar la forma en que se deben aplicar las leyes vigentes en materia de salud”.
