El del expresidente Álvaro Uribe Vélez, denominado como el juicio del siglo en Colombia, es un largo y enrevesado proceso judicial iniciado hace 13 años.
Uribe Vélez, jefe natural del opositor partido Centro Democrático, incluso estuvo en detención domiciliaria preventiva durante 67 días en 2020, en plena pandemia de la covid.
Su caso ha sido durante esta extendida década el más sonado en las redes sociales, en las calles de todas las ciudades, en las columnas de opinión de los diarios, en los debates de los medios de comunicación, en los comentarios de los expertos penalistas y en los respaldos o rechazos de los líderes políticos de todos los espectros ideológicos.
El origen
El proceso se remonta a 2012, cuando el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al ex jefe de Estado por el mismo delito.
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En agosto de 2020, luego de que el máximo tribunal de la justicia ordinaria dictara su detención domiciliaria preventiva, Uribe Vélez renunció a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria, por lo que una jueza ordenó su libertad y la Fiscalía General de la Nación decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello, el ente de investigación penal solicitó en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 otra fiscal decidió acusarlo y el juicio comenzó este año.
Las acusaciones
Cepeda y las otras personas acreditadas como víctimas consideran que el ex presidente de la República, a través de su exabogado Diego Cadena –también investigado por este mismo caso–, intentó sobornar testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre los supuestos vínculos del expresidente Uribe con presuntos grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia recopiló testimonios, conversaciones de WhatsApp e interceptaciones telefónicas al abogado Cadena en las que habla con el exparamilitar Monsalve, preso en la cárcel bogotana de La Picota, sobre un supuesto dinero o ayudas entregadas a los testigos.
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Uribe Vélez y su equipo habrían usado a estos testigos, presuntamente, para que declarasen a su favor y en contra del senador Cepeda, lo que el expresidente niega: “Aquí no hay ni una prueba de que yo manipulé testigos”, ha afirmado.
También ha señalado que el proceso en su contra tiene motivos políticos y alega que fue movido por el actual gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, “por su más representativo senador”, en referencia a Cepeda Castro.
Álvaro Uribe
El expresidente Uribe, cuya poderosa figura ha marcado la vida política del país en este siglo, gobernó entre 2002 y 2010 y dejó la Presidencia con una inédita popularidad del 75 %, aclamado por la mayor parte de los colombianos por los logros de su política de seguridad democrática y principalmente en la lucha contra las Farc.
La determinación de combatir a la guerrilla fue una obsesión tras el asesinato de su padre, el ganadero Alberto Uribe Sierra, a manos de ese grupo armado en 1983.
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Uribe Vélez, de 73 años, ha sido acusado a lo largo de su carrera de tener vínculos con grupos paramilitares, por lo cual se le ha vinculado a decenas de procesos por crímenes cometidos por esos escuadrones, pero nunca ha sido condenado.
Iván Cepeda
El senador Cepeda, de la oficialista coalición del Pacto Histórico y antes –al inicio de este proceso judicial– del Polo Democrático, es el principal contradictor político del expresidente Uribe, a quien ha acusado reiteradamente de tener supuestos vínculos con grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y con narcotraficantes desde hace décadas.
Esas denuncias las recopiló el parlamentario petrista en un libro publicado que se titula Por las sendas de El Ubérrimo, nombre de una gigantesca hacienda situada en el departamento de Córdoba, de propiedad del expresidente.
Cepeda, de 62 años, es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 en Bogotá durante la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica, UP, y ha sido negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las guerrillas de las Farc –finalizado en 2016– y el ELN, cuya mesa está suspendida este año.
Diego Cadena
Diego Cadena, uno de los abogados penalistas que ha representado al expresidente Uribe, enfrenta otro juicio paralelo por supuestamente sobornar y manipular testigos, pues se le acusa de haber visitado en la cárcel a varios exmiembros de grupos paramilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, a quien presuntamente le habría entregado dinero para que cambiara su testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe.
Cadena aceptó que sí entregó dinero a Vélez, pero aseguró que no se trató de un soborno, sino de una “ayuda humanitaria” y que fue extorsionado por el exparamilitar.
Según la defensa de Uribe Vélez, el ex jefe de Estado nunca tuvo conocimiento de los tratos que hacía Cadena, pero la justicia rastreó el teléfono del abogado y encontró que este supuestamente le informaba de sus acciones.
Juan Guillermo Monsalve
Es el principal testigo del caso, hizo parte del Bloque Metro de las AUC y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.
Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas el expresidente y su hermano Santiago Uribe.
Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Álvaro Uribe Vélez y su defensa siempre han negado.
