Odebrecht, la empresa brasilera de ingeniería y construcción que se declaró en bancarrota en 2019 y que ahora se llama Novonor, le debe a Colombia, según tasó la Fiscalía General esta semana al proyectar las últimas 50 del total de más de un centenar de imputaciones, una suma de $494 mil millones, principalmente por los sobornos que pagó a funcionarios, lobistas, contratistas y particulares para quedarse con la adjudicación de contratos de obras públicas en el país de 2009 a 2016.
{"titulo":"Caso Odebrecht es el de mayor trascendencia de analítica en el país: Fiscalía","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-asegura-que-el-caso-odebrecht-ha-sido-el-de-mayor-trascendencia-de-analitica-en-el"}
El conglomerado de negocios nació como compañía en 1944, fundada por Norberto Odebrecht, y desarrolló su actividad en América, África, Europa y el Medio Oriente, hasta que se destaparon los sobornos a políticos, empresarios y funcionarios de 12 países en medio de una investigación del Departamento de Justicia de los EE. UU.
En Colombia las dos grandes obras de donde se desprenden las principales investigaciones fueron la concesión vial Ruta del Sol II, contratada en 2010 por $2 billones, y Navelena, para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, adjudicada en 2014 por $2,5 billones.
Los sobornos también llegaron a permear según la Fiscalía las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 y de Óscar Iván Zuluaga en 2014, este último imputado hace un par de semanas por este caso.
No obstante, la crítica recurrente sobre este caso de corrupción en el país, sobre la que hizo eco el presidente Gustavo Petro en los últimos días al conocerse la multa de la Comisión de la Bolsa de los EE. UU. de 60 millones de dólares contra el Grupo Aval y Corficolombiana precisamente por los sobornos pagados en asocio con la constructora brasilera, es que las investigaciones, al menos en comparación con la de otros países, no han escalado a altos niveles ni han sido veloces.
{"titulo":"Nuevas imputaciones son un mensaje para que dejemos de colaborar: Odebrecht","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/odebrecht-dice-que-nuevas-imputaciones-de-la-fiscalia-son-un-mensaje-para-que-dejen-de"}
A nivel nacional los presuntos implicados más reconocidos son los excongresistas Bernardo Elías y Otto Bula; Daniel García Arizabaleta, director del Invías durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de Santos.
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un período comprendido aproximadamente entre 2009 y 2016, Odebrecht, con presencia en Colombia desde 1991, efectuó e hizo que se efectuaran pagos por alrededor de 11 millones de dólares, con los que obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares.
Una de las pesquisas más delicadas que se desprendieron del expediente fue el de la muerte en extrañas circunstancias en 2018 de Jorge Enrique Pizano Callejas, auditor de la Ruta del Sol II y reconocido por haber sido testigo clave. Después de su muerte se destaparon audios que había recaudado donde se evidenciaba el presunto conocimiento del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre las coimas pagadas por el Grupo Aval, socio de Odebrecht, dentro del proyecto Ruta del Sol II. El asunto se complica, además, porque Martínez Neira fue asesor jurídico del Grupo Aval, lo que ha pedido investigar de vuelta el presidente Petro. No obstante, el también exfuncionario de Santos ha desmentido estos señalamientos afirmando que fue la Fiscalía bajo su mando la que inició las averiguaciones.
El actual fiscal Francisco Barbosa dispuso la creación de un Grupo de Tareas Especiales, a cargo del coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, para concentrar el proceso que estaba disperso en varios despachos.
Estas pesquisas tuvieron su más reciente capítulo el pasado jueves, cuando Barbosa anunció que fueron citadas a imputación 22 personas por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción.
'La empresa habría creado un Departamento de Operaciones Estructuradas, desde donde se pagaron dádivas para la consecución de megacontratos, modificaciones a las cláusulas contractuales, intervención de subcontratistas y la desviación de presupuestos públicos', dijo el funcionario.
La Fiscalía describió en un comunicado que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo. Este modelo se replicó en Colombia. Las dádivas eran pagadas a través de empresas 'offshore' ubicadas en paraísos fiscales, utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda. Y el manejo financiero fue gestionado a través de una fiducia que coadyuvó a dar un manto de legalidad a los movimientos financieros ilegales.
Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron además que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero, MyWebDay, con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Y el segundo, Drousys, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados, que usaban nombres claves, códigos y contraseñas.
El ente acusador indicó que los sobornos no eran registrados en los balances contables, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, y luego para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles, para lo que contaban con empresas contratistas que a través de órdenes de pago o de servicios entregaban las dádivas. El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos y bienes raíces.
{"titulo":"Con contratos ficticios, Odebrecht metió plata a campañas de Santos: Jaimes","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/caso-odebrecht-fiscal-delegado-ante-la-corte-suprema-de-justicia-gabriel-jaimes-dice-que"}
En la Ruta del Sol II se firmó en 2012 a través de dos congresistas un acuerdo de estabilidad jurídica que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de $145 mil millones. Por ello, los congresistas recibieron al menos $3.536 millones por el 'lobby'. Y entre marzo y octubre de 2013 se suscribieron ocho otrosíes que causaron un detrimento al Estado por más de $120 mil millones, por cuanto se cancelaron tramos que no se ejecutaron, así como por el no cobro de multas por incumplimientos. Aquí varios funcionarios de la ANI habrían recibido en sobornos más de $1.028 millones.
Y en la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, de la misma Ruta del Sol II, hubo dos otrosíes por $3.177 millones y $676 millones, que no contaron con los conceptos y estudios del Conpes y el Confis, para lo que se pagó a congresistas, empresarios, particulares y funcionarios un monto superior a los $53 mil millones, y para direccionar el pago fue implementado un modelo de subcontratación y tercerización de actividades, con contratos de actividades inexistentes, sobrecostos y soportes falsos.
Por ello serán imputados, entre otros, el presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht, y los directivos Eder Paolo Ferracutti, Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Martorelli y Luiz Antonio Bueno Junior. Así mismo, el exalcalde de Gamarra, Cesar, Gabriel Giraldo, y su hermano Jaime. Y también lo será el ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade.
En conclusión, Barbosa reportó que por el caso Odebrecht en Colombia van 93 solicitudes de imputación, 20 imputaciones, 17 acusaciones, 4 negociaciones y 11 condenas. ¿Se cerrará aquí el caso, o se abre una nueva etapa? Eso se sabrá, sobre todo, si los nuevos implicados deciden hablar.
