La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al ex magistrado de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos, por beneficiar a alias El Mellizo en el sistema transicional.
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El alto tribunal ordenó su detención inmediata como responsable de los delitos de cohecho propio y soborno en actuación penal, por los que la Sala Especial de Primera Instancia lo sentenció a 8 años y 4 meses de prisión. Castellanos también fue condenado al pago de una multa de 625 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena. Y al conocer la orden de aprehensión en su contra, el exmagistrado se puso voluntariamente a disposición de las autoridades.
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'Entre los años 2013 y 2016, Castellanos Roso recibió dádivas que le entregó el defensor de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, conocido con el alias de El Mellizo, quien estaba postulado ante el sistema de Justicia y Paz. (...) Castellanos recibió ese dinero a cambio de beneficiar a El Mellizo en su proceso en Justicia y Paz, entregándole información privilegiada de su proceso, y avalando múltiples dilaciones en el trámite de exclusión del postulado de esa justicia transicional, caso en el cual el magistrado era ponente', se lee en el comunicado del máximo tribunal de la justicia ordinaria.
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En cuanto al delito de soborno, la Corte determinó que, con la finalidad de evitar el avance investigativo que adelantaba la Fiscalía y reducir así la posibilidad de resultar vinculado, Castellanos ofreció y entregó dineros al mismo abogado defensor del postulado, de quien antes había recibido las dádivas, con miras a lograr su silencio y que fuera reticente ante la administración de justicia.
'Al ser designado magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso fue honrado con el don de impartir justicia en nombre de la República de Colombia, y se esperaba de él transparencia, integridad, moralidad, al punto que se puede decir en sentido metafórico que tenía en sus manos las banderas de la paz, pues debía dar aplicación a la Ley 975 de 2005 facilitando los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. (..) Tal esperanza la traicionó cuando decidió sabotear los asuntos sometidos al escrutinio de la Sala de Justicia y Paz a cambio del dinero que, en ninguna cuantía podrá superar el valor de aquella noble función que le fue encomendada', indica el fallo.
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