La macabra logística detrás de los ‘falsos positivos’ en el Caribe

'Mi papá también era un ‘falso positivo’ del Ejército Nacional'. Así, tan difícil como suena y con todo el peso, el dolor y la dura realidad que esa frase conlleva, Laura Piña tuvo que aceptar, a sus 14 años, que su padre había dejado de ser un colombiano común, pintor y taxista en Barranquilla, para hacer parte de la cifra de personas ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como bajas en combate por militares del Batallón La Popa en Valledupar.

Tras ocho meses de una búsqueda incansable, desde su desaparición, el 1 de marzo de 2005, el cuerpo de Álvaro Adolfo Piña Londoño, su padre, había sido hallado en la capital del Cesar, sepultado como un nomen nescio (N.N), que en español puede interpretarse como ningún nombre, y reportado por soldados como un miembro de un grupo armado ilegal y muerto en combate.

Álvaro Piña, reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una de las 127 ejecuciones extrajudiciales por las cuales el pasado jueves, a través del Auto 128 de 2021, fueron imputado 15 militares que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

En el marco de la investigación el tribunal especial determinó que dentro de esa unidad militar se conformó una organización criminal que tenía como finalidad presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como 'bajas en combate' a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares, con quienes trabajaban mano a mano.

La Sala de Reconocimiento documentó dos modalidades que se convirtieron en un patrón. La primera consistió en retener y posteriormente asesinar a las víctimas en puestos de control, en operaciones de registro y control del área, y la segunda, engañando y trasladando víctimas desde Barranquilla y Valledupar.

La logística para atraer a los ‘falsos positivos’ empezaba por una alianza entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares de la zona. Se pudo establecer nexos con el Frente Mártires del Cacique de Upar, del Bloque Norte de las AUC, quienes se encargaban de entregar a las víctimas a efectivos del batallón luego de haber sido retenidas, porque en aquel entonces, la presentación de bajas en combate era un indicador de éxito militar.

'En algunos casos condujo a la especialización de funciones como ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares'.

Dentro de los principales patrones de conducta la JEP estableció que se documentaron circunstancias que impidieron a las víctimas acceder a la justicia y generaron la idea entre los involucrados de que sus acciones quedarían en la impunidad. Entre estas conductas la más recurrente era reportarla como N.N.

Aunque esta práctica se extendió en el BAPOP, los pelotones especiales Trueno y Zarpazo, que eran presentados como ejemplo para los demás, fueron determinantes en la comisión de los crímenes. Ambos fueron usados como unidades dirigidas a obtener resultados ilegítimos. De las 30 operaciones que los dos pelotones reportaron durante el periodo analizado, la JEP determinó que 26 fueron ilegítimas.

Asimismo, la JEP pudo verificar que el 87 % de los resultados operacionales reportados durante la comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, antiguo comandante del Batallón La Popa del Ejército entre 2002 y 2003, fueron determinados por la Sala como asesinatos y desapariciones. Y que su sucesor Juan Carlos Figueroa Suárez (2004 – 2005) continuó el actuar delictivo.

La alianza de los comandos con los paramilitares se mantuvo en diversos niveles hasta la desmovilización de estos grupos, cuando la presión por resultados en medio del inicio de la desmovilización paramilitar fue esencial para que se adaptara el plan criminal con miras a continuar respondiendo a la necesidad de presentar bajas sin importar el origen de las víctimas.

Explicó el historiador que el Caribe se vislumbró como una especie de laboratorio de guerra contra insurgentes en donde se planearon y efectuaron decenas de ejecuciones extrajudiciales. El vínculo del Batallón la Popa con las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cesar y Guajira, son un claro ejemplo de ello'.

En lógica de construcción de macroprocesos de la JEP, el universo de hechos va más allá de la identificación del caso a caso. En ese sentido, el tribunal especial pudo verificar que seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia del BAPOP, que no eran hechos aislados o cometidos de manera espontánea por sus integrantes.

La cuenta regresiva para los vinculados empezó a correr. Los 30 días posteriores al 15 de julio que se dio el auto de imputación son determinantes y tanto víctimas como victimarios lo saben, por ello Laura ve en el accionar de la JEP 'un destello de justicia, dentro de un universo de impunidad'.

'Es un avance, los próximos 30 días son importantes para como víctimas hacer anotaciones a lo que la JEP ha dicho, y para los militares para que reconozcan y empiecen a contribuir en esa verdad', mencionó Piña.