El defensor del Pueblo, Carlos Negret, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos garantizar los derechos de los trabajadores de Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, cuya liquidación como empresa ordenó esa entidad.
Electricaribe fue intervenida en noviembre de 2016 y liquidada el pasado 14 de marzo por orden de la Superintendencia por las fallas en la prestación del servicio en su área de operación, que abarca siete departamentos de la costa atlántica colombiana.
Durante una reunión sostenida con el superintendente, José Miguel Mendoza, el defensor del Pueblo abogó por la garantía del pago del pasivo pensional a los trabajadores, el cabal respeto de sus derechos y el bienestar de sus familias.
Negret planteó además recomendaciones orientadas a la defensa de los derechos de los habitantes de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, donde la empresa atiende a 2,5 millones de clientes.
'Las causales de la intervención a la empresa coinciden con las advertencias hechas por la Defensoría desde 2004 y ponen en evidencia que, pese a estar diagnosticadas, Electricaribe no adoptó los correctivos requeridos', señaló el organismo defensor en un comunicado.
La Defensoría señala como principales fallas de Electricaribe la incapacidad e inviabilidad financiera de la empresa resultado de los altos niveles de pérdidas, el bajo recaudo y altos costos de funcionamiento y la imposibilidad de ofrecer garantías financieras para la compra de energía, agregó la información.
Igualmente apuntó problemas de liquidez originados por las diferencias entre el recaudo y las deudas por pagar, y las pérdidas tanto técnicas como las asociadas a conexiones fraudulentas, entre otras.
Sin embargo, Negret insistió en que como consecuencia de la liquidación no se pueden afectar los derechos pensionales de los trabajadores de la empresa, ni los de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad.
Gas Natural Fenosa presentó el pasado 22 de marzo una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de su filial.
