Néstor de Ávila

‘Cartel del Predial’ en Valledupar: un escándalo de $20 mil millones

Particulares terminaron ‘recaudando’ para su propio bolsillo impuestos de contribuyentes morosos, para poder cobrar la deuda que el Municipio adquirió con ellos.

Cesar

Particulares terminaron ‘recaudando’ para su propio bolsillo impuestos de contribuyentes morosos, para poder cobrar la deuda que el Municipio adquirió con ellos.

En la mira de la Procuraduría y la Fiscalía se encuentra el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, por un posible detrimento millonario a las arcas del municipio, a través de la negociación de tres lotes que fueron recibidos por su gobierno bajo la figura de dación en pago a morosos del impuesto predial.

Con esta transacción, el municipio terminó con una deuda por más de $20 mil millones en vez de tener un ingreso por obligaciones tributarias.

De acuerdo con la investigación, la administración municipal recibió dos lotes a la Sociedad Lascano Morales & Hijos, para que esta saldara una deuda de $993 millones por concepto de impuesto predial, y aceptó devolverle a la firma un saldo a favor por más de $18.000 millones, con base en un avalúo de los predios que presentó este contribuyente, por lo que la dación de pago terminó siendo una compra de los terrenos que, además, estaban invadidos; y otro lote por más de $2.500 millones a Marleny Esther Kammerer, quien debía $433 millones en impuestos.

Teniendo en cuenta que el municipio se encuentra en Ley 550, y que no contaba con los recursos para pagarle directamente los más de $18.000 millones a la Sociedad Lascano Morales & Hijos, el alcalde habría facultado a esta firma para que recuperara el saldo a su favor, a través de la compensación del Impuesto Predial Unificado a terceros.

La figura permitía que la firma buscara a otros deudores de impuestos para cobrarles sus obligaciones tributarias; es decir, recibir sus pagos con base en el soporte de los pasivos que había adquirido la administración local al recibir los predios por un valor mayor al establecido, lo que contraviene la figura de la dación de pago, que se aplica para la extinción de la obligación.

De esta manera, los particulares cobraron a otros contribuyentes el valor de sus obligaciones, pasaban una lista a la Secretaría de Hacienda de quienes habían cancelado, al parecer, no solo con dinero, sino con otros bienes, para que les entregaran el paz y salvo, y quedaran al día con sus impuestos, sin que a las arcas municipales entrara un solo peso.

El caso también fue investigado por la Contraloría municipal de Valledupar, que inexplicablemente después que una auditoría revelara “operaciones presuntamente fraudulentas que afectaron los ingresos corrientes del Municipio, bajo la figura de dación en pago”, fue archivada, desapareciendo los hallazgos disciplinarios, penales y fiscales que determinó inicialmente.

“Particulares cobraban el valor de sus obligaciones por concepto de predial y la Secretaría de Hacienda entregaba el paz y salvo”.

En la misma auditoría, la Contraloría expresó con base en el marco jurídico de la figura de dación en pago, que “resulta claro, de una parte que esta constituye un modo autónomo e independiente de extinguir las obligaciones, que ni por su naturaleza o arquitectura, ni por la manera como ella se ejecuta, puede ser equiparada a una compra venta”.

Indicó que “el hecho de que un particular opere como recaudador de impuestos, y a su vez los valores recaudados puedan ser tomados por este para disminuir la presunta deuda que el municipio presenta, como en el caso de la Sociedad Lascano Morales & Hijos, no es procedente dentro de las finanzas públicas, en razón a que se entrega a terceros la administración de tributos”.

“El denominado saldo a favor, es en realidad un presunto pasivo por pagar del municipio de Valledupar a la Sociedad Lascano Morales & Hijos, por lo que el Comité de Dación de Pago autorizó a este contribuyente que pudiera operar a futuro como agente recaudador de impuestos tanto de él mismo, como de particulares, y a su vez ese recaudo fueras tomado para abonar en forma inmediata a la presunta obligación por la adquisición de los predios”, precisó el ente de control.

El ente de control estimó en el informe inicial de auditoría que los hallazgos fiscales en este caso ascenderían a más de $6.600 millones.

“Hicieron una venta simulada”
Los lotes que adquirió la Alcaldía estaban invadidos. Allí se legalizaron los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo.
Los lotes que adquirió la Alcaldía estaban invadidos. Allí se legalizaron los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo. Néstor de Ávila

Para el consultor financiero, Gabriel Campillo, quien además actuó como par externo de la Contraloría, no fue una dación en pago lo que se hizo, sino una compra simulada de los predios, ocasionándole una deuda millonaria al municipio.

El experto, quien dijo tener soportes de las presuntas irregularidades, indicó a EL HERALDO que en su propuesta, la Sociedad Lascano Morales & Hijos planteó a la administración municipal el recibo de los dos predios, a través de la figura de dación en pago, y que se constituyera un saldo a su favor para que este fuera imputado a los impuestos que se generen en los próximos años gravables, así como cualquier tipo de tributo, retenciones, intereses y sanciones que figuren a cargo de la sociedad o a quien está señale.

“De esta forma, lo que se hizo fue una venta con descargos de los impuestos, contraviniendo lo señalado por la Corte Suprema de Justicia sobre que la dación de pago va exclusivamente dirigida a extinguir el vínculo obligatorio que une al acreedor y deudor, y no crear nuevas obligaciones jurídicas entre ellos”, precisó.

Afirmó que en la negociación hubo una presunta ‘maniobra engañosa’ por cuanto la Sociedad Lascano Morales & Hijos relacionó 44 predios, en los dos lotes entregados al municipio, cuando mediante certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se pudo comprobar que únicamente le pertenecían 15. “Es decir que la administración no verificó la información, ni tuvo en cuenta que carecía de documentos legales que validaran lo aportado por dicha sociedad.

Manifestó, además, que la Alcaldía omitió la realización de un avalúo oficial, con la finalidad de verificar los precios reales del mercado.

Valledupar quedó debiendo
Estas facturas eran entregadas por los particulares a los contribuyentes del predial en Valledupar.
Estas facturas eran entregadas por los particulares a los contribuyentes del predial en Valledupar.

En un ‘gol’ millonario al municipio se convirtió la negociación con la Sociedad Lascano Morales & Hijos de los dos lotes que estaban invadidos al noroccidente de la ciudad, por lo cual la Procuraduría General de la Nación le acaba de abrir indagación preliminar al alcalde Augusto Ramírez Uhía.

El Ministerio Público trata de “establecer presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de dación en pago que le dejaba al municipio una deuda de $18 mil millones”.

La Procuraduría informó que la averiguación determinará si hubo anomalías en el hecho de la suscripción, mediante escritura pública No. 3047 del 8 de noviembre de 2016, de un contrato para el recaudo del impuesto predial con Lascano Morales & Hijos, “empresa que, al parecer, es propietaria de una gran extensión de tierras”.

El organismo indaga en este caso “la razón por la cual Valledupar pasó a la firma de un contrato con Lascano Morales & hijos por $20.000 millones, valor al que se le debían descontar $993 millones por concepto de impuestos adeudados al municipio, a ser titular de una deuda multimillonaria”.

Los predios en cuestión son donde hoy queda el barrio Francisco Javier, que aparece en la oficina de Instrumentos Públicos como folio cerrado, con la matrícula 190-1459, y Villa Consuelo, con matrícula 190-87895, que comenzaron como invasión, y fueros legalizados tras la negociación de las tierras con su propietario.

Así las cosas Lascano Morales & hijos, no solo quedó a paz y salvo con el municipio, sino que recuperó el valor de los predios que prácticamente tenía perdidos tras el establecimiento de más de 1.000 familias invasoras en los mismos.

Las presuntas irregularidades cometidas en la negociación de estos lotes son investigadas por la Fiscalía 11 seccional de Valledupar, bajo el radicado  200016001232017, y la Procuraduría que hizo apertura de una indagación.

Valledupar en vez de ganar, perdió

Las autoridades identificaron los lotes por los que se les crearon obligaciones al municipio con sus expropietarios por más de $20.000 millones, recursos que ellos habrían “recaudado” para su propio bolsillo, aportando recibos de caja, a través de los que incluso certificaban abonos y pagos de morosos del predial y que relacionaban en una lista que luego pasaban a la Secretaría de Hacienda para que esta expidiera el respectivo paz y salvo.

El otro caso es el de Marleny Esther Kammerer, quien soportó la propiedad de un lote con matrícula inmobiliaria 190-171752, por valor de $2.560 millones del cual hizo dación de pago a la Alcaldía de Valledupar para cubrir una deuda que tenía por $433 millones en impuesto predial. En este caso le quedó un saldo a favor que para recuperarlo también acudió al cobro de obligaciones a otros contribuyentes. Según se informó, Kammerer cobraba menos de lo que le debían al municipio y “conseguía” el certificado de paz y salvo municipal.

El negocio campeó hasta que, al parecer, esta persona siguió cobrando a morosos que le entregaron dinero, sin recibir el documento de paz y salvo, por lo que interpusieron una denuncia en su contra.

La administración municipal recibió este lote en dación de pago, pese a que la oficina jurídica de la misma Alcaldía había emitido un concepto negativo para aplicar esta figura, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

Sobre estos casos, EL HERALDO intentó conocer la posición del secretario de Hacienda, Saúl Martínez Arredondo, quien indicó haberse posesionado recientemente por lo que debía revisar el proceso para dar una respuesta. Las adquisiciones de los lotes bajo la figura de dación en pago se hicieron en el periodo en que fungió como secretario de Hacienda, Eudes Fuentes, quien renunció al cargo.

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