Cae estructura para minería ilegal en Chimichagua, Cesar

La Policía reportó ocho personas capturadas. Por explotación ilegal de recursos naturales en área protegida.

Suministrada
La Policía con algunos de los capturados. Suministrada
Cesar

La Policía reportó ocho personas capturadas. Por explotación ilegal de recursos naturales en área protegida.

La Policía, con apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, aprehendió a ocho personas y decomisó una embarcación con maquinaria y herramientas utilizadas para la explotación ilegal de recursos naturales en la isla Punta Caimán dentro del complejo cenagoso de la Zapatosa, en el municipio de Chimichagua.

La retención de los equipos y aprehensión en flagrancia de los supuestos actores se dio por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y minería ilegal en área protegida, luego de una denuncia realizada por la Red de Cooperación de Corpocesar, conformada por los pescadores y habitantes del sector.

El jefe seccional de Corpocesar, José Sabino Tejeda, sostuvo que la embarcación tiene una capacidad para transportar hasta 12 metros cúbicos de material arenoso destinado para la construcción, también dio a conocer que su lugar de procedencia era del Banco, Magdalena.

Para el director general de Corpocesar, Julio Suárez Luna, estas medidas contra la minería ilegal, la deforestación y pesca indiscriminada, así como la vigilancia de los proyectos emblemáticos que se vienen desarrollando hacia la recuperación del cauce del río Cesar, entre el municipio de Chimichagua y el corregimiento de Saloa forman parte de la política misional de la entidad.

“Este acto de minería ilegal se descubrió producto de las visitas rutinarias que realiza la seccional constatando que ocho ciudadanos extraían de manera indiscriminada arena de la isla, poniendo en peligro el manglar”, indicó.

Por su parte, el jefe de la oficina Jurídica de Corpocesar, Julio Berdugo, manifestó que luego del decomiso se legaliza la medida para evaluar el estatus de los permisos y si está cumpliendo con lo exigido por Corpocesar, donde se le otorga un plazo a los acusados para que sustenten el porqué de las acciones y si tiene la documentación en regla para realizar este tipo de actividades. 

“Se abre un periodo probatorio para que los agraviados aleguen sobre las pruebas que ellos suministraron, y por último se procede a una resolución definitiva”.

El encargado del área legal de la autoridad ambiental en el Cesar, expresó que este tipo de medidas, pueden posterior a la resolución concluir con sanciones o exoneración. “La multa que puede llegar hasta los 200 millones de pesos dependiendo de la magnitud del caso”, puntualizó.

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