La Procuraduría General de la Nación requirió a las autoridades de los municipios de Curumaní, Chiriguaná, Bosconia, Pueblo Bello, El Copey y La Paz en el Cesar por el “presunto no abastecimiento de alimentos a los detenidos en los establecimientos carcelarios”, alertado por las personerías municipales.
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Con el propósito de conocer la estrategia usada para proveer la alimentación a las personas privadas de la libertad, el Ministerio Público lideró una mesa de trabajo con las autoridades de dichos municipios.
A la reunión también fueron convocados funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) del departamento.
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Como parte de su función preventiva, la Provincial Valledupar “le ofreció a cada uno de los servidores públicos un espacio para informar al organismo de control sobre los planes desplegados para suministrar de manera oportuna y adecuada los alimentos a los detenidos en los diferentes establecimientos carcelarios”.
Es decir, las autoridades municipales tuvieron que detallar cuáles son las gestiones que adelantan para mantener el abastecimiento de alimentos a las personas detenidas en los establecimientos carcelarios.
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Ante las “posibles falencias en la entrega de los suplementos alimenticios”, alertadas por las personerías, y teniendo en cuenta que “debe prevalecer el respeto por la dignidad y los derechos humanos universalmente reconocidos en los centros de reclusión”, la Procuraduría le entregó una serie de recomendaciones a las administraciones municipales.
Entre esas, el Ministerio Público sugirió a los municipios dejar trazabilidad de las gestiones realizadas ante el INPEC para la suscripción de convenios, con el objeto de proporcionar las provisiones necesarias a las personas privadas de la libertad.
