60 años de cárcel para tres de los responsables del homicidio de Duperly Arévalo Carrascal en Gamarra
La víctima murió luego de que los mencionados incendiaran la sede de la Registraduría en octubre de 2023 luego de elecciones en este municipio de Cesar.
Yuberlys Bermúdez, Isaías Peña y William Castro fueron declarados como responsables del asesinato de Duperly Arévalo Carrascal, la auxiliar que murió luego de que los mencionados incendiaran la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, Cesar, en octubre de 2023.
El juzgado primero penal especializado de Valledupar emitió sentido de fallo condenatorio para los responsables del hecho. Tendrán que cumplir una pena, cada uno, de 720 meses de prisión, o 60 años, además de una multa de 210 salarios mínimos legales vigentes. Tampoco podrán ejercer funciones públicas durante 20 años.
Hay que recordar que los hechos, ocurridos en medio de las elecciones municipales del municipio, se desencadenaron en medio de una protesta que inicialmente era pacífica, pero escaló hasta convertirse en una asonada violenta a la sede de la Registraduría, donde trabajaba Duperly.
El suceso terminó con varios de los presentes incendiando el lugar, donde quedó atrapada Arévalo. Murió calcinada.
Los tres responsables fueron condenados por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio.
Por el hecho también fue condenado a 32 meses de prisión fue condenado Julio Rojas Marín, excandidato al Concejo de Gamarra. La Fiscalía demostró que el exaspirante político hizo parte de un grupo de ciudadanos que marchó por un resultado electoral que consideraba contrario a sus intereses.
El ente acusador agregó: “En medio de la movilización la multitud ingresó violentamente a la sede de la autoridad electoral, y confrontó a los policías que prestaban seguridad y a otros funcionarios”.
Durante la investigación, el excandidato al Concejo aceptó que aprovechó los hechos violentos para golpear a la entonces registradora municipal y destrozar papeles, computadores y otros elementos. En ese sentido, reconoció de manera libre y voluntaria el delito de violencia contra servidor público.