Los cabildos gobernadores yukpa han expresado que la institucionalidad como la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, no les han dado el acompañamiento, garantías y respuestas frente al esclarecimiento del asesinato de los cinco hermanos menores de edad perteneciente a esta etnia, en hechos registrados en el resguardo Iroka, jurisdicción de Codazzi, Cesar, el pasado 24 de marzo. Por tanto, están rotas las relaciones y la colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia propia.
'Han pasado 16 días después que nuestros niños fueran asesinados y no nos hemos reunido con Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, el presidente Gustavo Petro; con Jorge Jiménez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y con Juan Felipe Harman, Director de la Agencia Nacional de Tierras, como se ha solicitado ante la violaciones de nuestros derechos; entregamos los cuerpos sin importar quién asumiera las investigaciones, con el compromiso de que nos explicarían a nuestras autoridades los resultados forenses de los cinco niños y niñas asesinados', sostuvieron mediante un comunicado los gobernadores yukpa.
Sin embargo, se han enterado por medio de comunicadores sociales que los resultados de las necropsias por parte de Medicina Legal, ya están culminados.
Pero al mismo tiempo, el Instituto Forense les comunicó que, 'Una vez se obtengan los resultados, se procederá a remitirlos a la Fiscala General de la Nación, quien asumirá directamente la investigación del caso'. Por lo que consideran que están incumpliendo el compromiso de que el informe primeramente debía ser entregado al pueblo yukpa.
Igualmente recordaron que esta solicitud la habían hecho saber también mediante la Defensoría del Pueblo, con el propósito de que los resultados se mantuvieran en reserva reserva hasta tanto no sean conocidas por el pueblo yukpa. No obstante, ahora Medicina Legal sostiene que solo los entregarán a la Fiscalía.
'El pueblo indígena yukpa acordó trabajar de manera armoniosa con los fiscales delegados de la ciudad de Bogotá, más no con fiscales e integrantes del CTI del departamento del Cesar, ya que hemos tenido dificultades en el relacionamiento entre la jurisdicción especial indígena y la justicia ordinaria, toda vez que, el día veintisiete (27) marzo de 2024, funcionarios del CTI del Cesar tomaron testimonios de indígenas Yukpa de manera arbitraria en el Resguardo Indígena Iroka en donde de manera brusca y ordinaria, revictimizaron a las víctimas por negarles la posibilidad de ser escuchados en su lengua materna y bajo sus usos y costumbres ancestrales, violándose así el derecho a la diversidad lingüística de Colombia', se lee en el comunicado.
Adicionalmente, sostuvieron que no entregarán abundantes pruebas que han recaudado en dos semanas de investigación en el sitio de los hechos.
