BOGOTÁ. Tras ejercer su derecho al voto este domingo en la mesa uno del Capitolio Nacional, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, puso de presente que lo de Gamarra, Cesar, en dónde murió la funcionaria de Registraduría, Duperly Arévalo, en medio de un incendio en la sede electoral, que ya la entidad del Ministerio Público había hecho las advertencias del caso.
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'Es muy preocupante, rechazo lo ocurrido, ya lo habíamos advertido no solo en la alerta temprana sino que en días pasados habíamos dado cuenta de situaciones de violencia producto del inconformismo ciudadano, y estaba advertido el Cesar y el Caribe colombiano', dijo el funcionario.
Y sobre el plagio del padre del futbolista Luis Díaz, indicó Camargo Assis que 'activamos todas las rutas de protección para el padre de Lucho Díaz y el llamado que hacemos a sus captores es que lo liberen y es el llamado a todos los captores de los secuestrados del país: estos son los hechos de paz que reclama el pueblo colombiano'.
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¿Qué sucedió?
A pocas horas de las elecciones territoriales de este 29 de octubre, en el municipio de Gamarra, Cesar, se registró alteración del orden público debido a que un grupo significativo de ciudadanos marcharon por las calles principales del pueblo y finalmente decidieron incendiar la sede de la Registraduría Nacional.
Lo anterior se debe al inconformismo frente a la inhabilidad del candidato a la Alcaldía, Fernando Rafael Márquez Astier, por parte del Consejo Nacional Electoral.
Asimismo, rechazan que en la población siga el gobierno la familia Cruz, a la cual pertenece el ex alcalde Libardo Cruz, y actualmente representante a la Cámara.
Esta situación tuvo su origen con la solicitud que recibió el Consejo Nacional Electoral, para revocar la candidatura de Márquez Astier, avalado por el partido político En Marcha, toda vez que supuestamente el candidato fue hasta el 2023 representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar –Cesar, la cual tiene su asiento en Gamarra.
También señala la demanda que el aspirante hasta mediados de 2023 ejecutó una orden con la empresa Emugan, la cual presta el servicio público domiciliario de acueducto en el municipio, por lo que se encuentra inhabilitado para ejercer un cargo de elección popular, de acuerdo con la Ley 617 de 2000.
