‘Bienvenidos a morir al infierno’, dice una leyenda en letras negras escrita en una de las paredes del pabellón 8 por los internos de la penitenciaría de Alta y Mediana de Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, que según cuentan los mismos internos lo hacen para advertir lo que les espera a quienes van ingresando a la llamada peor ‘cárcel castigo’ de Colombia.
Con llamadas a emisoras de radio, internos de este centro de reclusión denuncian constantemente que deben soportar temperaturas de hasta 40 grados, aislamientos prolongados, restricciones en las visitas, dificultades para acceder al agua, insalubridad, maltratos físicos y psicológicos, situaciones que llegan a ‘quebrar’ aun a los internos más rudos, al punto de preferir acabar con sus vidas, antes que seguir padeciendo. Fue el caso del presunto violador en serie y asesino Lebith Rúa, que llamó a la emisora Maravilla Estéreo poco antes de intentar suicidarse.
'Me echaron a una celda donde las condiciones están inhabitables, no hay salubridad; no me van a dar derecho de ver el sol, de tener visitas, de tener comunicación, me tienen aislado las 24 horas del día, encerrado, prácticamente estoy secuestrado…. me voy a agredir porque no aguanto tanta humillación', dijo el expolicía que llaman ‘La Bestia del Matadero’, antes de cortarse las venas de la muñeca izquierda y tomarse 14 pastillas de un fuerte antipsicóptico.
Tras el suceso de Rúa, quien fue atendido en el Hospital Rosario Pumarejo, se generó un conato de huelga de hambre en ‘La Tramacúa’, donde los internos señalaron estar cansados de la violación de sus derechos.
'Consideramos que la práctica de tortura continúa. Aunque haya bajado, el índice del maltrato físico es constante, este año se han presentado varias agresiones contra los internos; el maltrato físico ha sido remplazado por la tortura psicológica y emocional, ejemplo de esto es la intimidación a los detenidos y sus familiares', indicó uno de los prisioneros.
Afirmaron que recurrir a las vías de hecho es la única manera de hacer visible su situación, teniendo en cuenta que ni con tutelas son atendidas sus exigencias para que mejoren las condiciones de reclusión.
Cuatro muertes en menos de un mes
Lebith Rúa, pese a llegar inconsciente y en delicado estado, logró salvarse, pero otros no lo lograron.
El pasado 21 de abril falleció el interno Víctor Correa, de 42 años, quien al parecer ingirió una gran cantidad de medicamentos para psiquiátricos. Sin embargo, sus familiares consideran que el hecho no está claro, ya que este nunca mostró signos de enfermedad mental, ni que debiera estar sometido a tratamientos para tales efectos.
'El director de la cárcel dice que ellos le dan una droga psiquiátrica, y que luego no saben cómo cada interno que la tenga se la consume, entonces no saben qué pasó, no sabemos si murió dentro de la cárcel o en la clínica a donde lo llevaron', dijo Ferney Correa, hermano del recluso fallecido, quien denunció el hecho ante la Fiscalía.
Sostuvo que su hermano no era psiquiátrico, 'por eso nos preguntamos por qué le daban ese medicamento, al parecer esa misma droga se la están dando a los demás internos… él llevaba 7 años preso y no presentó problemas'.
Correa fue el último de los cuatro reclusos de ‘La Tramacúa’ que murieron en abril de este año. El primer caso fue el de Argemiro Usma Bernal, de 49 años. Su fallecimiento quedó registrado el 8 de ese mes cuando se tragó varios dediles de cocaína, al parecer para esconderlos en su estómago y luego evacuarlos, no obstante estos se reventaron en su organismo.
El 10 de abril se produjo el deceso de José Jorge López Jiménez, de 60 años, quien llevaba varios días de estar hospitalizado tras las secuelas de una puñalada que recibió en meses anteriores, y el 20 murió Luis Alejando Zapata Rodríguez, de 30 años, quien supuestamente sufrió un infarto luego de que en medio de un partido de fútbol recibiera un balonazo a la altura del tórax.
A pesar de las reiterativas denuncias que han hecho los internos de la penitenciaría, la defensora del Pueblo en el Cesar, Denia Esther Zuleta, dijo tras conocer el caso de Lebith Rúa, que 'a la fecha no hemos recibido una sola queja de trato cruel a los internos'.
No obstante, en 2015 la propia Defensoría del Pueblo intervino en el penal debido a la violación de Derechos Humanos, manifestando su preocupación por la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, a raíz de lo cual decidió implementar la herramienta denominada Mecanismo de Denuncia, la cual busca recoger, en visitas hechas a los penales, todas las problemáticas que van en contra de la integridad física, mental y de las condiciones de salubridad de los reclusos.
'Justamente, y como resultado de varias visitas humanitarias a dicho centro de reclusión, la Defensoría consideró necesario iniciar la ruta de activación del instrumento judicial en ese lugar, donde son insistentes las denuncias de los internos respecto a la deficiente prestación en el servicio de agua, la mala alimentación, las pésimas condiciones de salubridad, así como el deterioro de la infraestructura, pese a ser ésta una cárcel de última generación', precisó el organismo.
Tras la visita en aquella ocasión, indicó que 'los funcionarios de la entidad pudieron constatar la falta de agua potable, pues los internos solo tienen el preciado líquido tres horas al día; alimentos en mal estado; las basuras cerca de la cocina expeliendo en todo momento malos olores'.
La estrategia del Mecanismo de Denuncia de la Defensoría del Pueblo, acompañada por la Procuraduría General de la Nación, buscaba capacitar y orientar a los internos para que tramiten sus quejas dando a conocer los maltratos de que son objeto.
Conjuran la huelga
De acuerdo con la organización Equipo Jurídico, que lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y la libertad de las y los presos políticos, tras una reunión entre la dirección del centro de reclusión, el comandante de vigilancia, delegados de la Procuraduría y la Mapp-OEA se logró ‘conjurar’ la huelga de hambre que iniciaban los reclusos el pasado jueves.
El espacio culminó con acuerdos temporales que llevaron al levantamiento de la jornada de protesta, en el que se asumieron compromisos de gestión por parte de las autoridades, tendientes a 'permitir el uso del ventilador eléctrico en las celdas, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se concentran al interior de éstas y que afectan la salud de los reclusos'.
Además de autorizar el uso de ropa ‘civil’ a los internos durante las visitas y remisiones, como medida de dignificación de la población tras las rejas, se aprobó agilizar la atención médica en los casos graves que ameriten intervención quirúrgica y valoración por especialistas, en procura de la protección del derecho a la salud y la dignidad humana de los detenidos.
Igualmente un aumento del gramaje en los alimentos y mejoría en la calidad de los mismos, teniendo en cuenta los ostensibles retrocesos que sobre la materia se vienen denunciando desde hace más de un año por los internos; permitir el uso de un reloj de mano y analizar la posibilidad de habilitar la visita íntima al menos dos veces al mes, teniendo en cuenta la importancia que tiene este derecho en el restablecimiento de los lazos familiares de los reclusos.
'Aunque parecen elementales las peticiones de los detenidos que acudieron a la huelga como mecanismo de protesta y exigencia, la realidad de las prisiones habla de restricciones excesivas que no contribuyen en la preparación para la vida en libertad de quienes viven tras las rejas y no encuentran explicación en el marco de un sistema penitenciario y carcelario humanista', puntualizó el organismo.
